La sesión del pleno ordinario de febrero se sigue desarrollando en la tarde-noche de hoy con bastantes asuntos de interés en el orden del día, si bien el transcurso del debate ha resultado bastante lento y falto de ritmo.

Con varias ausencias entre las filas del PP y un Antonio Fernández visiblemente afectado por un fuerte resfriado, el salón de plenos se ha llenado hasta la bandera con la presencia de varios colectivos afectados por los temas que se trataban, entre ellos más de una treintena de policías locales; trabajadoras de la limpieza en edificios municipales, vecinos de las ARGs, funcionarios municipales o trabajadores de la empresa Suvipuerto, entre otros.

La sesión aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza del IBI, para bonificar la instalación de energías renovables, y la modificación de la ordenanza fiscal general para 2019, de manera que se extiende la posibilidad de fraccionamiento de pago de las multas y sanciones.

No salió adelante sin embargo, tras un intenso debate, la propuesta de reconocimiento de las obligaciones correspondientes al déficit de la empresa de Vivienda Suvipuerto para el ejercicio 2018.

La propuesta consistía en destinar un total de 44.223 euros a las arcas de la empresa para cuadrar las cuentas de 2018, lo que fue muy criticado por los grupos de la oposición, que acusaron al equipo de gobierno de no estar gestionando bien el parque municipal de vivienda, por no atajar la deuda de los inquilinos.

La edil de Vivienda, Matilde Roselló, recordó que esta deuda viene de gobiernos anteriores y que en este mandato se ha tenido que hacer frente al pago de varias sentencias y obligaciones adquiridas en etapas anteriores, al tiempo que recordó que el pleno respaldó un informe de Fomento que advertía que mantener en marcha la empresa supondría un coste para las arcas municipales.

Aunque Levantemos se abstuvo, el Partido Popular, Ciudadanos y Carlos Coronado votaron en contra, por lo que la propuesta no fue aprobada.

Uno de los acuerdos que sí se aprobó por unanimidad, a pesar de la ausencia de un informe de Intervención, fue el de la reorganización de la plantilla de la Policía Local.

La propuesta partía del sindicato UPLBA y afecta sobre todo a los agentes que trabajan por turnos, de manera que se racionaliza sus horarios en la época de trabajo intensivo, sobre todo.

También salió adelante de forma definitiva la modificación de la ordenanza de ARGs, aún a pesar de las críticas por parte de la oposición, que observaban algunas lagunas en el proceso de regularización como el poder contar ya con un plan de infraestructuras que garantice los suministros básicos a estos vecinos. En este punto intervino el portavoz de Coave, José Antonio Castro, que pidió sin éxito que la ordenanza quedara sobre la mesa hasta después de las elecciones.

Por otro lado, también se aprobó, en este caso en fase inicial, la modificación de la ordenanza de licencias urbanísticas, obras menores y aperturas, que como defendió la edil María Eugenia Lara supondrá una reducción de los trámites burocráticos para hacer pequeñas reformas o abrir un negocio.

El portavoz del PP, Germán Beardo, fue muy crítico con este texto municipal, que calificó de insuficiente, aunque finalmente toda la oposición se abstuvo y el documento salió adelante.

El alcalde, David de la Encina, cerró el turno de debate diciendo que la ordenanza es un paso adelante para mejorar la concesión de licencias urbanísticas, algo que es un clamor desde hace mucho tiempo.

Al cierre de esta información quedaban pendientes asuntos como el de la aprobación de los pliegos de condiciones del servicio de limpieza en colegios y edificios municipales.