Efectivos de la Policía Nacional están registrando en estos momentos las antiguas dependencias de iDental en El Puerto. La sede, ubicada junto al centro comercial Bahía Mar, está siendo registrada en busca de toda la documentación que permanece aún allí desde el cierre del centro, el pasado mes de junio.

Además de representantes judiciales y de la Policía Nacional, hasta las dependencias se desplazaron el dueño del local, al que también le debe dinero la empresa por el impago del alquiler, y ex-trabajadores de la empresa, que se quejaban de que son ellos, en gran medidas, quienes tienen que hacer frente a las quejas y relamaciones de los clientes.

Por otro lado hoy mismo en El Puerto se va a celebrar una reunión entre afectados por el cierre de la clínica y responsables municipales, ya que el Ayuntamiento ha estado colaborando con ellos a la hora de las reclamaciones que deben presentar.

El plan de la Policía era registrar hoy 19 clínicas de iDental en diferentes puntos del territorio nacional en búsqueda de historiales médicos y de pruebas de la posible comisión de hechos delictivos, en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.Fuentes policiales han indicado que los registros afectan a clínicas de Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Gijón, Valencia, Alicante, Castellón, Madrid y Murcia.

Registro en una clínica.

En la Comunidad Valenciana ha sido la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la encargada de informar de esta operación tras reunirse con afectados de iDental.

Según Barceló, la operación policial se desarrolla en clínicas de iDental en Valencia (calle Mariano Cuber), Alfafar (Valencia), Alicante, Elche (Alicante) y Betxí (Castellón).

La Conselleria de Sanidad está colaborando en este operativo con sus inspectores, que son los que van a custodiar esos expedientes, según la consellera.

El cierre de las clínicas iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

Lo hizo por el "volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.