El Ayuntamiento celebra esta tarde el último pleno ordinario del año, con una sesión que empezará a las seis de la tarde. El pleno consta de un total de 15 puntos en el orden del día y entre ellos cabe destacar la propuesta para el reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al presupuesto municipal de este año para el pago de varias sanciones impuestas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por actuaciones del equipo de gobierno de IP y PSOE entre los años 2005 y 2006, siendo alcalde Hernán Díaz. Entre estas actuaciones sancionadas figuran el derribo de parte del estribo del puente de San Alejandro o el asfaltado de la calle Larga. Las sanciones que ahora tendrá que pagar el Ayuntamiento alcanzan un importe de unos 60.000 euros.

Además de este asunto, en la primera parte del pleno, con propuestas de carácter resolutivo, se verá la propuesta de concesión de una prórroga y la aprobación del plan de explotación del Centro de Recepción y reciclaje (CRR) para el próximo ejercicio, así como la aprobación del convenio con el sistema integrado de gestión Ecovidrio. Habrá también dos propuestas presentadas por el PSOE, una sobre las medidas contra la violencia de género y otra sobre la política agraria de la Unión Europea.

Ya en la segunda parte del pleno, con propuestas para el control y fiscalización del gobierno municipal, destaca la propuesta presentada por el PSOE instando al gobierno local a informar sobre el estado del proyecto de centro comercial y administrativo previsto por la empresa municipal Impulsa El Puerto en la bodega Campbell, en la calle Valdés, solicitando además el adecentamiento del inmueble. También el PSOE insta al equipo de gobierno a que informe sobre la deuda del Ayuntamiento con la entidad urbanística de conservación Salinas de Poniente, solicitando además su cuantía exacta.

Izquierda Unida, por su parte, solicitará que se inste a la concesionaria de los autobuses urbanos a comenzar la negociación con el comité de empresa para la aprobación de un convenio colectivo antes de que acabe el año, para comenzar a aplicarlo a partir del 1 de enero de 2012. Asimismo, el grupo municipal de IU solicitará un compromiso municipal para que no haya recortes en el servicio de recogida de enseres y muebles que desarrolla actualmente la cooperativa Reciclajes Bahía.