La situación actual de las viviendas ilegales será debatida en el Pleno Municipal que se celebrará el próximo jueves. El PSOE ha incluido en el orden del día una propuesta en la que plantea las mismas exigencias que desde hace meses proponen los colectivos que representan a estos diseminados ilegales.

Son cuatro puntos los que se proponen. En primer lugar, se exigirá que se ponga en funcionamiento el protocolo para dar luz y agua a las viviendas ilegales. El Área de Urbanismo ha elaborado uno que aún no se ha aprobado por el Pleno.

En segundo lugar, se exige que "se resuelva el problema de las multas coercitivas" en un plazo de dos meses. También el PSOE pedirá que se defina en el documento de avance del nuevo PGOU los criterios para la legalización de estas viviendas. En un comunicado esta formación le reprocha al equipo de Gobierno que "no cumpla con sus promesas electorales de solucionar" la situación de estos propietarios.

Mientras, el pasado miércoles los colectivos representantes de los diseminados ilegales, Fevema y Coave (sumándose también la Flave), presentaron un escrito donde piden una reunión con el alcalde, Enrique Moresco, para abordar estas cuestiones que están sobre la mesa desde hace meses. Las entidades reclaman que en este encuentro estén también la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra; el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, y el edil de Hacienda, David Páez. El escrito presentado por Fevema y Coave de forma conjunta responde a uno de los acuerdos que llegaron entre ambas hace unas semanas. Hasta ese encuentro, ambas asociaciones habían estado enfrentadas (Coave surgió de una excisión de algunas asociaciones de Fevema) y habían negociado por separado con el Área de Urbanismo. A raíz de esa reunión, decidieron continuar con una estrategia continua dado que las demandas son iguales, la legalización de sus viviendas.