Poco antes de las nueve y media de la mañana se propagaba rápidamente por el Ayuntamiento el anuncio de la renuncia de Fernando Gago a su acta de concejal. Así, tras unos segundos de sorpresa e incredulidad, las miradas empezaban a dirigirse a otro concejal, Enrique Ramírez, que coincide con Gago en su pasado como miembros de Independientes Portuenses y, hasta ayer, en su condición de edil no adscrito. Pero el munícipe llegaba con tranquilidad al Salón de Plenos del Consistorio donde estaba previsto que a las diez se iniciase el debate más importante del presente mandato municipal: la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A esa hora, el alcalde, Enrique Moresco, convocaba a sus compañeros de Gobierno para comunicarles la marcha de Fernando Gago. Eso sí, transmitía que la aprobación del documento no corría peligro ya que el día interior Ramírez se había comprometido con él a apoyarlo.

Pero siempre queda la duda, aunque el edil no adscrito iba a disiparla rápidamente. Por su situación en la Corporación fue el primero en intervenir en la sesión y se bastó de cuatro minutos para anunciar su respaldo al documento. El Gobierno local ya tenía los 13 votos necesarios para aprobarlo pues se requería mayoría absoluta (a los 11 del PP hay que sumar el del PA y el de Ramírez). Y, lo más importante, se eliminaba de un plumazo cualquier posibilidad de que la oposición pudiera cambiar su voto a última hora para tumbar el documento (finalmente PSOE, IP e IU, que suman 11, optaron por la abstención).

A partir de ese momento, el debate sobre el futuro ordenamiento de la ciudad se centró en lo que, a priori, se esperaba: el corredor verde, un cinturón de suelo protegido fijado por el Plan de Ordenación de la Bahía y que impide, por ahora, la regularización de unas 300 viviendas. Y, como era de esperar, se conformaron dos frentes. Por un lado, estaban PSOE, IP y dos de las asociaciones que representan a los diseminados ilegales (Fevema y Coave), cuyos representantes también intervinieron en el Pleno. Estos defienden que el nuevo ordenamiento debe recoger la legalización de los núcleos afectados (Las Manoteras, Pago Machete, Los Perales 2 y partes de Winthuyssen y Sierra de San Cristóbal) para que así lo recoja el Plan de Ordenación de la Bahía una vez se revise. Y, por otro estaban PP y PA, que advierten que ejecutar esta posibilidad conlleva el riesgo de que la Junta pueda invalidar el PGOU en esta zona (dejando sin solución a los propietarios) ya que contraviene el planeamiento supramunicipal. Por ello, consideran que la opción "más viable" y la que "no engaña" a los dueños es incluir una cláusula en la normativa del Plan General que señala que su incorporación al proceso de legalización se hará de manera automática en el momento de que el Plan de Ordenación de la Bahía recoja esta posibilidad. A medio camino entre ambas posturas se quedó IU, aunque en algún que otro momento coqueteó con las tesis de PSOE e IP.

En el debate también hubo amenazas de impugnaciones del procedimiento. La primera fue la de un propietario del Pago Garabato, que advirtió que había errores en la tramitación del ordenamiento, por lo que advirtió que se podría "tumbar" en los tribunales. Y en la misma línea, aunque no con tanta vehemencia, se expresaban el concejal del PSOE Ignacio García de Quirós y el de IU Julio Acale, que advertían de posibles defectos de forma. Ambos coincidían en señalar que son "sustanciales" las diferencias entre el documento de aprobación provisional 2 (aprobado en octubre de 2009) y el ratificado ayer por lo que sería necesario un nuevo periodo de exposición pública del documento. De hecho, Julio Acale anunciaba que solicitará a la Junta de Andalucía que se pronuncie al respecto. Por contra, la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, no compartía esta opinión y apuntaba que las modificaciones no han supuesto "un cambio en el modelo de ciudad".

También salía a la palestra la reserva de suelos prevista en el entorno de Doña Blanca para un futurible desarrollo industrial, que estaría a expensas del visto bueno de la Junta. Los grupos criticaban que se haya incluido en el perímetro unos suelos situados al norte cuyos propietarios firmaron con la empresa municipal Impulsa El Puerto un convenio de desarrollo en 2007. En cambio, desde el Gobierno local se apuntaba que no se contemplan sobre estos suelos desarrollos industriales sino equipamientos vinculados al yacimiento de Doña Blanca.

Finalmente, y al igual que hiciera con el documento de aprobación provisional 1, la oposición optaba por abstenerse, aunque el matiz 'positivo' que hace año y medio le dieron a su posicionamiento sólo lo mantuvo ayer Izquierda Unida. El PSOE justificaba su voto en la solución para el corredor verde, sus dudas sobre la financiación municipal del ordenamiento y la falta de concreción sobre la futura depuradora así como de la reordenación de Pozos Dulces, entre otras.

Mientras, IU incidía en algunos cambios realizados "a última hora" en el documento como la inclusión de edificabilidad residencial en el Club Med, la operación prevista en las Bodegas Terry o la reserva de suelo al norte del poblado de Doña Blanca. IP, finalmente, decía que no podía apoyar un Plan General que "margina" algunas viviendas y que no reconoce "la realidad física de la ciudad".