Diego Muñoz es desde el pasado 13 de junio responsable del Área de Urbanismo. Nacido en Cádiz hace 36 años, es licenciado en Derecho y con una carrera profesional especializada en el sector urbanístico. Fue asesor jurídico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y, posteriormente, trabajó en un despacho de abogados vinculado al grupo de la familia Sánchez Ramade (que integra a empresas como Noriega, Urende, ...).

-¿Por qué decidió entrar en política?

-Mi trayectoria profesional siempre ha estado muy vinculada a la ilusión de los proyectos en los que he estado. Cuando salí de la administración fue porque era joven y tenía ganas de hacer cosas. Y ahora, debido a la crisis, opté por entrar en la política porque, aunque a efectos económicos no me compensaba, sí ha pesado la ilusión. Los profesionales hemos estado los últimos años más centrados en labores de asesoramiento en refinanciaciones y en papeleos que en una actividad productiva para culminar proyectos. Hace unos meses, Enrique Moresco me pidió que le analizara la situación del sector pero, a los diez minutos, me dijo que lo que quería era que fuera en su equipo. Tras pensarlo un tiempo, decidí dar el salto.

-¿Cuál ha sido su primera impresión del Área de Urbanismo?

-La primera es que hay una falta de ilusión por la percepción que tiene el ciudadano del Área. Tenemos magníficos profesionales que han padecido una serie de circunstancias y que se encuentran sobrepasados por ese malestar general que hay con el funcionamiento del Área. Pero creo que la situación es reconducible con consenso y con reorganización. Hay buenos mimbres.

-Uno de los asuntos más destacados que debe afrontar es la culminación de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y su puesta en aplicación. ¿Cuándo estará aprobado el documento? ¿Considera factible el primer trimestre del año próximo?

-La fecha más cierta es que sea entre marzo y abril del año que viene. De los 17 informes sectoriales que han realizado los organismos públicos, 15 son favorables y hay dos que deben llegar en un mes y medio. Si no lo hicieran, debemos esperar a que se culmine ese plazo antes de enviar el documento a la Junta, que tiene cinco meses para posicionarse. Por eso creo que lo más normal es que lleguemos a marzo o abril.

-¿Cómo define el nuevo PGOU?

-Es un Plan donde no hay grandes desequilibrios entre todas las zonas y que se ha realizado con una visión de conjunto.

-¿Ha favorecido que se haya redactado en un periodo de profunda crisis inmobiliaria?

-Si se hubiera hecho hace cinco o seis años, a buen seguro contaría con mucha más edificabilidad que la que tiene ahora. El que se ha realizado tiene un concepto mucho más sostenible con especial mimo por los equipamientos y las zonas libres. Antes se pensaba más en lo que podía generar el Plan General que en hacer una ciudad más sostenible.

-¿Cómo es la relación con la Junta de Andalucía? ¿Hay puentes que puedan favorecer la aprobación del Plan?

-Hay que seguir trabajando porque más que un puente haya un acueducto entre ambas administraciones. Es básico tener ese contacto institucional y, aunque pueda pecar de novato, creo que hay que dejar a un lado los intereses políticos. Eso sí, hasta ahora me han trasladado que hay buena sintonía.

-¿Hasta qué punto cree que pueda afectar en el proceso de aprobación del nuevo Plan General que el organismo autonómico esté culminando la legislatura y se entre en un periodo electoral?

-La vorágine en la que vamos a entrar es una cuestión difícil de medir. Pero pienso que detrás de todo esto hay personas y el compromiso personal debe estar por encima del político. Estamos ya en un estadio tan avanzado que ponerle trabas a este Plan sería un error a nivel político.

-También está pendiente acabar la tramitación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico. ¿Cómo están siendo las conversaciones con la Junta para evitar un nuevo informe desfavorable de Cultura?

-Estamos culminando un documento de trabajo para remitirlo a Cultura y tener una serie de reuniones para limar aspectos. Si todo va bien, a finales de noviembre podríamos tener un Plan Especial con la bonanza de todos los que deciden para que pueda salir. Y, después, lo normal es que Cultura pueda analizar el nuevo PEPCH, ya consensuado, en marzo o abril. Por eso, yo quiero pensar que podríamos tener un Plan General para marzo o abril y un Plan Especial del Casco Histórico para finales de junio. Si consiguiéramos eso, significaría que todos hemos hecho los deberes, tanto la administración autonómica como nosotros.

-Según sus previsiones, para el próximo verano se podría iniciar el proceso de gestión de ambos documentos. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en un periodo de crisis económica, especialmente en el sector de la construcción...

-Yo pretendo que la gestión de ambos planes no se inicie en verano de 2012 sino en septiembre de este año. No podemos perder un año más con las inversiones que recoge el nuevo Plan paralizadas. Para ello, pretendo reunirme con propietarios e inversores que quieran promover sus suelos a corto o medio plazo para que vayan preparando la tramitación necesaria.

-Hablamos de adelantar la redacción de planes parciales, proyectos de urbanización...

-Efectivamente. La idea es tener planes parciales consensuados lo antes posible para que, una vez aprobado el nuevo PGOU, hayamos hecho los deberes.

-¿Esto se va a utilizar también para la regularización de viviendas ilegales?

-Por supuesto. Mi idea es que entre septiembre y diciembre se aclare a todas las 'Emas' (diseminados ilegales) todo el proceso que se quiere seguir. Pero lo que no me gustaría es que nadie se tome el Plan General como un punto cero.

-¿Cree que los propietarios están concienciados de su deber de promover la legalización de sus viviendas?.

-Hasta la fecha hay un espíritu común entre los propietarios de que saben que tienen un problema y que hay que darle solución. Con las 'Emas' hay una cierta corresponsabilidad. El hecho de que la ciudad se haya llevado 20 años sin planificación ha producido divergencias en el mercado y ha generado la situación que vivimos. Pero este problema no se resuelve únicamente con un enganche de luz y agua sino que lo que hay que buscar es hacer una ciudad digna.

-Pero las asociaciones que representan a estos propietarios insisten una y otra vez en obtener los suministros. Parece que este fuera su único objetivo...

-Entiendo que es una necesidad básica pero lo lógico es que tengan un alcantarillado y una urbanización en condiciones. El objetivo es fijar un proceso donde cada 'Ema' sea autónoma. Así habrá algunas que por su grado de compromiso en conseguir el objetivo final lo harán con más rapidez. Pero, para aquellas que se queden atrasadas porque estén menos interesadas, habrá que articular instrumentos para que se incorporen al proceso.

-Es decir, se buscaría la manera de obligarlas a su legalización...

-Se están barajando muchas ideas porque la administración debe ser un apoyo pero no debe ser la que haga los deberes. Hay que sensibilizar al propietario y a los profesionales que asesoren a estos núcleos. El Ayuntamiento tiene que encargarse de informar del proceso a seguir, de los costes que supondrá y de mantener una colaboración continua.

-Otra labor pendiente es la reorganización del Área de Urbanismo. ¿Cómo se prevé acometer esta labor?

-Hay una serie de líneas básicas. Hay que culminar la informatización del Área, hay que mejorar la comunicación con la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) y hay que evitar los departamentos estancos potenciando la figura de los servicios generales y la labor de coordinación. Lo sencillo es decir que faltan medios humanos y puede que sea cierto en algunos departamentos.

-Una queja generalizada es la tardanza en la concesión de licencias...

-Es verdad que nos hemos encontrado en este departamento con unas circunstancias heredadas y, en algunos aspectos, judicializadas que condicionan el trabajo de los funcionarios. Hay mucho trabajo requerido por asuntos judiciales y eso habrá que analizarlo para saber dónde hay que reforzar para lograr una mayor coordinación y acortar los plazos.