Los grupos municipales mantuvieron ayer una comisión informativa previa a la sesión plenaria del próximo viernes, en la que se aprobará el pliego de condiciones para sacar a concurso la revisión-adaptación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Tras la dimisión del anterior equipo redactor casi en bloque, formado por técnicos municipales, el gobierno local acordó sacar a concurso lo que resta de los trabajos, una tarea que se presenta larga ya que el nuevo documento deberá experimentar importantes modificaciones para poder ajustarse a la normativa urbanística supramunicipal.

La concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, informaba ayer de algunos de los detalles del pliego de condiciones, que no se quiso facilitar antes ni a los grupos de la oposición ni a la prensa para evitar eventuales "fugas" de información a posibles empresas interesadas. La edil concretó el coste de salida que tendrán los trabajos, dos millones de euros, aunque el gobierno espera que las empresas puedan ofertar a la baja. También dijo que hasta ahora, el dinero invertido en la elaboración del PGOU se cifra en 300.000 euros. El pliego contempla además un calendario de pagos según el cual la empresa ganadora cobrará el 5 por ciento del total en el primer año, seguido de un 45 por ciento el segundo año y así progresivamente hasta un cien por ciento en un plazo máximo de cuatro años, aunque el plazo previsto se fija en tres años. Sobre los trabajos ejecutados hasta ahora, se espera poder partir de la Aprobación Provisional 1 del documento, aunque habrá importantes modificaciones en la distribución del suelo urbano y del número de viviendas para adaptarlo a las prescripciones del POTA. Así, Ybarra anuncia que se recortará drásticamente el número de segundas residencias para dejar más opciones a los suelos hoteleros y productivos.

Para el portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio García de Quirós, lo importante de la reunión de ayer fue que por fin acudiera un técnico, el jefe del servicio de Planeamiento, a explicar a los grupos el informe de incidencia territorial emitido por la Junta de Andalucía. Quirós dice que el técnico "reconoció que no se había enviado toda la documentación completa a la Junta", tal y como han venido sosteniendo los socialistas. También se confirmó, según Quirós, que la aprobación provisional 1 del documento, en junio de 2006, "fue ajustada a la ley", aunque seis meses después quedara todo trastocado por la entrada en vigor del POTA. El PSOE recuerda que el PP "nunca ha estado de acuerdo ni con el POTA ni con el PGOU, lo han descalificado reiteradamente". En cuanto al coste previsto para el plan, García de Quirós lo consideró "una barbaridad". Como señaló "el doble discurso del PP no se corresponde con la realidad. Moresco y Gago estuvieron de acuerdo con el Plan hasta hace dos días y ahora intentan engañar a la opinión pública y despilfarran el dinero", dice, para terminar añadiendo que "se ha cuestionado el trabajo de los técnicos".

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida Julio Acale, presente en la reunión, mostró la disconformidad de su grupo con la baremación que está previsto aplicar en el pliego de condiciones para esta nueva revisión del PGOU, donde se valorará con 40 puntos sobre 100 a la experiencia acreditada de los equipos redactores aspirantes, frente a sólo 10 puntos por la oferta económica presentada. La coalición entiende que habría que aumentar en el pliego de condiciones el peso del apartado económico, buscando el equilibrio entre la experiencia y el coste, de forma que la primera no tenga tanto peso, ya que se puede dar el caso de que la oferta más cara se haga finalmente con la adjudicación. De la misma forma, IU considera que debe existir una negociación política y técnica con la Junta de Andalucía "para resolver muchos flecos pendientes". Paralelamente, Acale insiste para que los técnicos del área de Urbanismo puedan tener elaborado para antes del pleno de aprobación del pliego de condiciones de la adjudicación el informe de incidencias solicitado por los grupos políticos, en el que se deben recoger que cuestiones del documento pueden ser válidas a fecha de hoy para incluirse en la adaptación del Plan General y cuáles no son susceptibles de ser aprovechadas.