Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y los partidos políticos de la oposición (PSOE, IP e IU) reclamaron ayer que se inicie el procedimiento administrativo para que la empresa GDF deje de gestionar los autobuses urbanos de la ciudad, una propuesta que también cuenta con el beneplácito de la plantilla de trabajadores de esta adjudicataria. Todos aseguran que hay suficientes motivos para tomar esta drástica medida y así se lo han hecho llegar en varias ocasiones al Gobierno local, que por el momento no ha dicho públicamente si adoptará algún tipo de decisión al respecto. Ayer, los portavoces de estos grupos y de los sindicatos así como el presidente del comité, Matías Gautier, comparecieron públicamente juntos para exigir al equipo de Gobierno de PP y PA que actúe contundentemente contra la empresa concesionaria.

Tal y como se viene informando desde hace semanas, son muchos los frentes abiertos y mucha la incertidumbre sobre el futuro de la empresa concesionaria de los autobuses urbanos. Para empezar, los trabajadores cobraron el jueves los sueldos del pasado mes pero días antes les habían advertido de que podría haber retrasos por los impagos municipales, una situación que llevan arrastrando de forma intermitente desde hace dos años. A esto se le suma el desconocimiento sobre el estado financiero real de la compañía, que forma parte del conglomerado de empresas del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aunque todo apunta que ésta fue vendida recientemente a Posibilitum Business SL, una sociedad que se dedica a liquidar compañías en mala situación económica. Y, además, se da la circunstancia que GDF ha procedido a aplicar unos recortes en el servicio que presta aunque el Gobierno local no haya reconocido aún que estos se están produciendo ni que vaya a tomar medidas disciplinarias al respecto.

Son varias las reuniones y juntas de portavoces que se han realizado en estos últimos meses para abordar la situación de la adjudicataria del transporte público. Sin embargo, los grupos y los sindicatos han decidido desmarcarse de la discreción con la que se había llevado este asunto hasta ahora ya que entienden que es necesario que el Gobierno local actúe. Todos los participantes en la rueda de prensa de ayer coincidieron en los motivos en los que se puede respaldar una posible ruptura del contrato con GDF. Para empezar, se incidió en la situación de insolvencia de la compañía (de hecho meses atrás sirvió de aval ante el banco Banesto por un crédito personal de Díaz Ferrán, un hecho que el Ayuntamiento supo meses después de cerrarse y que no hizo más que debilitar aún más el estado financiero de la empresa). Asimismo se habló de los incumplimientos de la compañía con el pliego de condiciones en aspectos tales como la reducción de servicios (ha disminuido el número de vehículos que circulan los fines de semana) o la falta de mantenimiento de la flota de autobuses. Y, a esto se le añadió las continuas amenazas de retraso en el pago a los trabajadores (en algunos meses lo ha llevado a cabo realizando los ingresos en dos veces o días después del tope que fija el convenio colectivo).

Por ello, los grupos políticos y los sindicatos reclamaron que el Ayuntamiento asuma la gestión del servicio mientras procede a la elección de una nueva empresa mediante la convocatoria de un concurso público. Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno local ha alegado, cuando se le ha planteado esta posibilidad en las reuniones que ha mantenido con la oposición sobre GDF, que no ve claro proceder al rescate de la concesión ya que entiende que esta decisión no está lo suficientemente respaldada desde un punto de vista técnico para así evitar posibles indemnizaciones futuras. Sin embargo, los grupos de la oposición consideran que sí hay argumentos de peso y que lo único que se requiere es que haya voluntad política para hacerlo. Otro argumento en el que se escudan PP y PA es, según los sindicatos, que estos dos grupos no están por la labor de que el Ayuntamiento se haga cargo de la plantilla de trabajadores de los autobuses urbanos durante los meses que dure la elección de la nueva concesionaria. En este sentido, José Rodríguez, de CCOO, explicó que esta medida sería "aún más barata" que mantener a la actual adjudicataria puesto que no tendría que abonar el beneficio industrial que esta se lleva por el servicio.

Sin embargo, los participantes en el encuentro con los medios de comunicación de ayer coincidieron en señalar que el Ayuntamiento tampoco está cumpliendo su parte del contrato con GDF. De hecho, no le está pagando la totalidad del canon mensual al que se comprometió, unos 242.000 euros aproximadamente (a día de hoy los pagos no llegan a los 200.000 euros cada mes). Esto ha generado un déficit en los últimos meses que se ha sumado al que ya se arrastraba desde años atrás y que ayer se cifró en unos 7 millones de euros.

Los grupos de la oposición anunciaron ayer que llevarán una propuesta al Pleno Municipal donde reclamarán que el equipo de Gobierno proceda al rescate de la concesión de los autobuses urbanos e inicie un nuevo proceso de adjudicación (GDF tiene contrato con el Ayuntamiento hasta junio del año próximo). Mientras tanto, los trabajadores anunciaron que en breve iniciarán movilizaciones ante la situación de incertidumbre en la empresa.