La guerra abierta entre Ecologistas en Acción y la Sociedad Cooperativa Las Dunas sigue adelante, sobre todo a raíz de las últimas declaraciones del gerente del camping, Amadeo Pinto, que ha salido a la palestra para contrarrestar las últimas acusaciones del colectivo.

Un nuevo comunicado emitido por Ecologistas en Acción da a conocer un informe emitido en mayo de este año por el jefe de la sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el que se informa desfavorablemente la prórroga de la concesión solicitada poco antes por el Ayuntamiento. El comunicado recoge, entre otras cosas, que "el camping es explotado por un particular, con una concesión del Ayuntamiento, sin que en esta Delegación exista comunicación por escrito ni constancia de que el cesionario haya manifestado expresamente su conocimiento y aceptación del pliego".

A esta acusación responde Pinto señalando que "el contrato que regula las relaciones Ayuntamiento-concesionario se compone de varios documentos. Uno de ellos es un pliego de condiciones de carácter general que firma el director general de la Agencia de Medio Ambiente (AMA). Pues bien, la sociedad concesionaria conoce, acepta y se compromete con todo el articulado rubricándolo con su firma. En este documento también están las rúbricas del director general y el secretario general del AMA, el alcalde, el secretario general del Ayuntamiento y el representante de la sociedad concesionaria. ¿Cómo no iba a tener la preceptiva autorización la sociedad concesionaria, que además forma parte de una reunión de ese nivel? ¿Se puede seguir dudando en calidad de qué estaba el presidente de la sociedad concesionaria en esa reunión? ¿Nadie sabía quién era?, ¿cabe pensar que cuando el presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, inauguró el camping no se sabía qué papel jugaba la empresa concesionaria? " , se pregunta Pinto. Para el gerente "que no exista en la Delegación un documento que acredite la concesión de la ocupación no quiere decir que no se haya realizado, simplemente indica que no disponían de él, por estar a nuestro entender, en Sevilla".

Otro de los documentos que aportan los ecologistas es un informe del Servicio de Gestión del Medio Natural fechado en 2002, en el que se detectan "claras diferencias entre el proyecto inicial y lo ejecutado" , destacándose la construcción sin autorización de casetas prefabricadas, depósitos de agua, cerramiento, piscina y zona recreativa. Pinto replica que "durante el primer periodo (hasta 2002) las actuaciones se ejecutaban con el permiso y supervisión del Ayuntamiento, en base al proyecto inicial aprobado y en función de lo exigido por la normativa de aplicación de la Junta de Andalucía (hubo que aumentar la capacidad de acumulación de agua potable y ejecutar una piscina necesaria para un camping de 1ª categoría. En ningún caso fueron consideradas irregularidades, como quieren hacer creer los ecologistas".

Para Ecologistas, "el Ayuntamiento debe solicitar la paralización del expediente de concesión del camping a esta cooperativa por las numerosas irregularidades detectadas, y presentar una propuesta propia para garantizar la titularidad municipal de esta instalación y hacer que se convierta en un verdadero servicio público, rompiendo con la gestión privatizadora de hecho de anteriores corporaciones". En opinión de Pinto "sería aconsejable un curso acelerado de derecho administrativo para algunos miembros de Ecologistas en Acción ya que no saben distinguir entre servicio público o privado, gestión directa o indirecta de un servicio público, privatización, etc. y otro de ética porque, manipular el lenguaje, usar la demagogia y no profundizar en los temas son asuntos insanos democráticamente".