Una vez más el público que asistía a un pleno ordinario en el Ayuntamiento fue desalojado, en esta ocasión por decisión del alcalde, Enrique Moresco. La sesión había comenzado a las nueve de la mañana y eran aproximadamente las diez cuando se debatía la aprobación definitiva de la ordenanza municipal que regulará el registro público de demandantes de vivienda protegida y viviendas de titularidad municipal en la ciudad. Ninguna de las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición se había tenido en cuenta por el equipo de gobierno, por lo que el salón de plenos se encontraba lleno de vecinos de los pisos municipales. Entre otras cosas, la nueva ordenanza supondrá que los inquilinos tengan que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas, así como subidas de la renta que rondan el 67%.

Por parte de la coordinadora que agrupa a los inquilinos de estas viviendas tomó la palabra su portavoz, Miguel García, quien acusó a la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) de estar incumpliendo sus estatutos, por lo que pidió su disolución.

La portavoz de Izquierda Unida, Pepa Conde, acusó al gobierno local de estar utilizando a Suvipuerto con intereses políticos, sin tener en cuenta las necesidades de las familias. "Su único objetivo es recaudar", aseguró, mientras que el PSOE también calificó de "desmesurada" la subida de las rentas.

El concejal de Vivienda, el andalucista Antonio Jesús Ruiz, explicó que la renta media que tendrán que pagar los inquilinos se cifra en 200 euros mensuales y recordó el compromiso municipal de no ejecutar desahucios en la ciudad. Las intervenciones de los grupos de la oposición, lamentando la no inclusión de ninguna de las alegaciones presentadas, fue caldeando los ánimos entre el público, algunos de cuyos integrantes lanzaron algunas palabras más altas que otras. Así las cosas, y tras varias advertencias llamando al orden, el alcalde optó por desalojar al público del salón de plenos, ante las protestas de los grupos de la oposición, que pidieron incluso una junta de portavoces para debatir la oportunidad del desalojo, aunque este ya se había producido.

El pleno siguió adelante sin público, con la tensión ya fuera del salón de plenos ante la indignación de los inquilinos, algunos de los cuales fueron identificados por la Policía Local. La moción salió adelante con el voto en contra de la oposición.

No fue hasta un buen rato después, hasta casi las diez y media de la mañana, cuando se volvió a abrir la sesión al público, a petición del concejal de IU Julio Acale.

Otros asuntos que se abordaron en la sesión fue la aprobación de la ordenanza que regulará el funcionamiento de las cámaras de tráfico en las zonas de tráfico restringido -que se aprobó con el voto en contra de IP y la abstención de PSOE e IU- o el visto bueno a la adjudicación del servicio municipal de reciclaje y recogida selectivos de residuos a la empresa FCC. Tras haberse quedado fuera del proceso la actual adjudicataria, Cespa, se advirtió de un posible recurso por parte de esta empresa.

Tampoco se apoyó por parte de la oposición municipal la aprobación inicial del nuevo reglamento local para los taxis, ya que los grupos consideraron que no estaba claro el consenso con el sector y prefirieron esperar al final del proceso de alegaciones para apoyar o no el reglamento.

Durante algo menos de una hora el alcalde se ausentó de la sesión, pasando a presidirla el concejal Alfonso Candón.