El alcaldable de la agrupación de electores Levantemos El Puerto, José Antonio Oliva, acompañado de Rocío Luque (número 2), comparecieron ayer en rueda de prensa para analizar los resultados electorales, en los que obtuvieron 5.200 votos y los gastos electorales de su campaña, que ascendieron a 3.720 euros. Se trata de la primera comparecencia del alcaldable de Levantemos después de las elecciones municipales. En ella avanzó algunos de los pasos que están dando con vistas a un posible pacto de Gobierno, que estaría basado en un principio general, que sería "garantizar el bien común el buen vivir de las personas".

En base a este principio genérico y a las líneas básicas de su programa electoral, Levantemos mantiene una ronda de contactos informativos. De esta forma, ayer por la tarde se reunieron con Izquierda Unida (IU), que mantuvo a su vez un posterior encuentro con el PSOE. Ya para hoy, miércoles, está prevista una reunión entre Levantemos y los socialistas, de la que ayer la agrupación presidida por Oliva no pudo adelantar prácticamente nada, puesto que las negociaciones están todavía en una fase incipiente, "ya que ahora estamos en un momento de escuchar", como subrayó el candidato a la Alcaldía.

José Antonio Oliva quiso insistir en que "hay que olvidarse de la Alcaldía y de los cargos, y atacar directamente el problema de la emergencia social que hay en la calle, anteponiendo las necesidades de la gente. Y después, hablaremos de compromisos. Eso es lo que vamos a trasladar a IU y al PSOE", subrayó, aunque quiso dejar claro que Levantemos nació "con la intención de cambiar las políticas viejas por otra forma de gobernar. Hay otra forma de hacer política". En el plano político adelantó igualmente que el día 13 de junio "no vamos a votar a favor de la investidura del PP".

Como asuntos concretos que Levantemos pondrá sobre la mesa a la hora de negociar cualquier acuerdo de gobierno, uno de los objetivos será "eliminar gastos superfluos y atender la demanda social", y dentro de esta reducción de gastos aclaró que ningún concejal cobrará más de 1.800 euros al mes, el equivalente a tres veces el salario mínimo profesional. Paralelamente, se refirió a la reducción del número de cargos de confianza. Además, quiso dejar claro que hay cuestiones que no son económicas, sino de voluntad política, "como el hecho de que existan 190 viviendas cerradas en Santa Clara y 250 familias en el Registro de Demandantes de Vivienda".

Respecto a tres asuntos claves de estos últimos años de Gobierno local adelantó que el tema de la zona naranja "es fácil cambiarlo". No obstante, no opinó lo mismo de la reversión de las acciones de la empresa municipal Apemsa que fueron objeto de privatización "está muy complicado", subrayó, ya que además "no sabemos el tipo de contrato que hay". En cuanto a la construcción de los aparcamientos subterráneos de la Plaza de Toros y Pozos Dulces, reconoció que "es complicado, pero si se pueden paralizar podría llevarse a referéndum, porque hay muchas necesidades y hace falta dinero". Otro asunto que se pondrá sobre la mesa será "trabajar para que las empresas públicas no tengan pérdidas".

Finalmente, abogó por remunicipalizar los servicios públicos, crear espacios para la democracia directa y la introducción en todas las áreas municipales de un sistema de participación mixta que incluya a ciudadanos, técnicos y concejales.