La jueza titular del Juzgado número 5 de El Puerto, Gloria Martín-Moreno Calcerrada, ha decretado el archivo provisional de las diligencias abiertas contra el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell, y contra las responsables del estudio de arquitectura Tec. Habían sido denunciados por un presunto delito de estafa por parte del propietario de una vivienda del diseminado de Arenas Cárdenas que aseguró que tanto el funcionario municipal como el estudio profesional le habían garantizado que podría obtener la licencia de construcción de su vivienda por silencio administrativo puesto que, de otra manera no la podría conseguir ya que los suelos de este núcleo, a efectos legales, tienen aún la consideración de no urbanizables. Finalmente la autorización no le fue concedida al denunciante porque contó con un informe contrario de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo. Previamente, el jefe de Licencias le había dado el visto bueno a la concesión de la licencia sin tener en cuenta que, aunque el diseminado de Arenas Cárdenas está clasificado en el vigente PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) como suelo urbano no consolidado, no puede tener aún esta consideración (y, por ende, no pueden concederse licencias de construcción de viviendas) porque la tramitación urbanística no la tiene acabada. Tiene pendiente la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.

En el auto, fechado el pasado 20 de enero, la magistrada procede al archivo provisional asegurando que no ha habido "engaño alguno" para que hubiera un beneficio económico a favor de los denunciados. Sostiene que éste es "uno de los muchos supuestos que se vienen dando en esta localidad en que un ciudadano adquiere una finca rústica sabiendas de la situación urbanística en que se encuentra, pese a lo cual opta por realizar la adquisición que no podrá construir en tanto no se haya verificado la reparcelación y urbanización correspondientes, guiado probablemente por la ventaja económica que supone adquirir terreno en estas circunstancias y esperando en que al cabo de un tiempo podrá edificar". Por ello sostiene que el denunciante contrató al estudio Tec "a sabiendas del riesgo que había de no obtener licencia de obra".

Este auto ya ha sido recurrido por los denunciantes mediante un escrito presentado ante el Juzgado en el que alega varias cuestiones. En primer lugar, advierten que no se ha tenido en cuenta la petición que hizo el pasado mes de diciembre de que declare un arquitecto que acudió junto al denunciante a una reunión con las responsables de Tec en la que les aseguró que la licencia la podría obtener por silencio administrativo.

En este recurso de apelación se ha incluido como "prueba" el decreto de legalización firmado por el ex edil Juan Carlos Rodríguez y elaborado por este estudio de arquitectura sobre una vivienda en la calle Peral Ercolini del diseminado de Los Perales. Así se acusa de un supuesto trato de favor del funcionario municipal hacia los proyectos que presentaba el estudio de arquitectura Tec para que se concedieran regularizaciones mediante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento.