El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de los de El Puerto, cuyo titular es el juez Miguel Ángel Marchena, ha emitido un auto mediante el cual se determina el embargo de los bienes de la empresa Marina Océano Atlántico S.L. por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). Contra esta decisión cabe interponer un recurso de reposición. Este conflicto se remonta al año 2002 cuando la empresa a la que ahora se le determina el embargo, Marina Océano Atlántico, denunció al entonces director económico financiero de Puerto Sherry, José Luis Tejada Márquez, después de que éste ordenara a la empresa el desalojo de las instalaciones que tenía concedidas por el impago del alquiler y otros servicios. Una sentencia de 2006 emitida por la Audiencia Provincial de Cádiz consideraba a la Autoridad Portuaria legitimada para intentar cobrar sus deudas, que entonces se cifraban en 18.540,43 euros. El auto emitido el pasado día 16 señala que a la cantidad inicial de la deuda hay que añadirle 5.056,49 euros de las costas aprobadas, más otros 5.900 euros calculados provisionalmente para intereses, gastos y costas de ejecución, lo que supone 29.496,82 euros.