La Junta de Gobierno Local ha procedido esta semana a la aprobación provisional del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) sobre el ámbito de la ARG-31 de San Antonio, dándose así "un paso muy importante hacia la regularización definitiva de esta zona de El Puerto, cuyos vecinos llevan mucho tiempo inmersos en este proceso nada sencillo, ya que acarrea notables dificultades administrativas, técnicas y económicas", en palabras de la edil de Urbanismo, Danuxia Enciso.

"El equipo de Gobierno demuestra una vez más que continúa trabajando para dar viabilidad a las regularizaciones que estaban previstas en el PGOU vigente, aportando confianza y garantías a los vecinos de El Puerto", dice la edil popular, quien añade que el técnico redactor del proyecto ha sido el arquitecto David de los Ríos.

Se trata de un ámbito de 244.602 metros cuadrados, estando clasificados los terrenos por el vigente PGOU como suelo urbano no consolidado, con ordenación diferida y con una edificabilidad total de 45.863 m2. Tanto en el Plan Especial de Reforma Interior como en la ficha urbanística se diferencia entre la edificabilidad vinculada a edificaciones existentes (37.004 m2) y la edificabilidad vinculada a nuevas edificaciones (8.859 m2), teniendo un número máximo de 281 viviendas.

El PERI recoge igualmente los deberes de cesión de terrenos para con el municipio, conforme a la propuesta de ordenación, concretándose la cesión de los terrenos con destino dotacional púbico previstos por el planeamiento en el ámbito, libres de cargas y gravámenes, debidamente urbanizados, correspondientes a los sistemas locales de espacios libres, equipamiento y viario, de 16.000 m².

Igualmente incluye la cesión de terrenos edificables urbanizados, en concepto de recuperación de plusvalías, que se corresponde con el 10% del aprovechamiento medio, que podrá ser sustituido en metálico en los casos previstos en la legislación urbanística. El equivalente en metálico de la cesión se incorporaría al Patrimonio Municipal del Suelo para destinarlo a los fines propios del mismo.

Además de la obligación de cesión de terrenos, los propietarios de terrenos deberán no sólo ejecutar y financiar la urbanización interior de la unidad de ejecución, sino también participar en la financiación de los sistemas generales exteriores al sector, es decir sufragar la cantidad de 10 euros  por unidad de aprovechamiento objetivo de la unidad de ejecución, que para la totalidad del ámbito supondría actualmente un montante de 550.356 € +21% IVA, tal como se indica en el estudio financiero del documento. En cuanto a la conservación y mantenimiento de la urbanización ejecutada, dado que existen elementos a conservar en el ámbito (zonas verdes), sí existe obligación de constituir una entidad de conservación, conforme establece el artículo 61 de la Ordenanza para el fomento del desarrollo de las áreas de regularización. Además el PERI contempla unos costes para terminar y reformar la urbanización existente de aproximadamente 1.729.342 euros.

A partir de ahora, explica Danuxia Enciso, se someterá el PERI a información pública por plazo de un mes, a fin de que durante dicho período puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.