El grupo municipal de IP asegura que un informe firmado por el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, y enviado al Defensor del Pueblo a raíz de una queja de la Coordinadora de Viviendas Municipales, "reconoce que la ley permite repercutir el IBI" a los inquilinos, pero que "no obliga", por lo que los independientes consideran que la modificación d e la Ordenanza para repercutir el coste a los vecinos "no es un imperativo legal, sino una decisión política". IP considera que esto se contradice con las declaraciones de Ruiz Aguilar respecto a las propuestas de este grupo, donde pedían que Suvipuerto como dueño de las viviendas se hiciera cargo del pago del impuesto. Para IP, el concejal de Vivienda, "sigue mintiendo, engañando, intentando ocultar información, y todo ello para su interés propio y no para dar solución a los verdaderos problemas que le demandan los vecinos". Los independientes instan a Ruiz Aguilar a "subsanar este error en los Presupuestos", que se aprobaron ayer con carácter inicial.

Por su parte, el vicepresidente de Suvipuerto, Ruiz Aguilar, ha calificado de "muy graves" las declaraciones de IP, en lo referente a que el cobro del IBI "ha sido una decisión política". El concejal de Vivienda insta a IP "a dejar de hacer interpretaciones libres respecto al contenido del escrito remitido al Defensor del Pueblo, dejando trabajar a los técnicos en la viabilidad de poder aplicar una bonificación del 95% del recibo del IBI, que venga a amortiguar el pago sufragado por los propios inquilinos". El concejal critica que la estrategia de la oposición "no tiene argumentos que la sostengan" y que la repercusión del IBI a los inquilinos "es aplicación de la ley". Ruiz Aguilar concluye que existe un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, pedido en su día por la Empresa Pública de Suelo "en cuyas conclusiones se le dice a la EPSA que puede y debe repercutir el IBI, y por las mismas razona Suvipuerto tiene que hacerlo".