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En la sala de vistas número uno de los juzgados portuenses se celebró en la mañana de ayer un juicio contra el segundo teniente de alcalde y concejal de Turismo, Fernando Gago, tras una denuncia interpuesta por los ediles de Independientes Portuenses (IP) Silvia Gómez y Juan Gómez. Estos le reclaman el pago de la parte proporcional que le corresponde de una póliza de crédito que suscribieron con Caja Inmaculada en 2007 para hacer frente a los gastos de la campaña electoral de los comicios municipales de ese año, en las que Gago encabezó la lista de la formación independiente.

Sus antiguos compañeros le exigen al hoy edil no adscrito (declarado tránsfuga por una comisión del Congreso de los Diputados) 10.733,37 euros. La póliza se canceló en 2008 por parte de los ediles de IP, que tuvieron que abonar también la proporción que le correspondía al responsable municipal de Turismo (pagaron unos 32.000 euros aproximadamente).

Fruto del impago, se interpuso la denuncia, una instrucción que la ha llevado el Juzgado número 5 de El Puerto. El juicio se fijó para antes de verano pero un error burocrático impidió que fuera citado Gago por lo que su interrogatorio se pospuso a la mañana de ayer. El importe de la póliza de crédito ascendía a 30.000 euros y fue suscrito, con responsabilidad solidaria, por Fernando Gago, Silvia Gómez y Juan Gómez. Enrique Ramírez, que por entonces formaba parte también del partido, firmó como avalista.

En la vista oral, el denunciado reconoció abiertamente que no había hecho frente a la parte que le correspondía del préstamo. Eso sí, explicó que semanas antes de que venciera la póliza (fijada para mayo de 2008) Juan Gómez le remitió un burofax recordándole su obligación de abonar el tercio que era de su responsabilidad puesto que estaba próximo el vencimiento. Gago aseguró ayer que respondió con otra carta, aunque dirigida al abogado de Silvia y Juan Gómez, donde le solicitaba llegar un acuerdo para un pago fraccionado. Sin embargo no hubo respuesta a esta petición, según lo declarado ayer por el edil.

Ya por entonces, la relación entre Gago e IP era nula. El concejal de Turismo, dos meses después de iniciarse el presente mandato municipal, abandonó el partido alegando discrepancias insalvables con los principales dirigentes de la formación a los que acusó de haber torpedeado su campaña electoral aunque mantuvo su acta de concejal. Semanas después de su marcha de IP, firmó un pacto de gobierno con el PP que le valió ser nombrado concejal de Turismo. Entonces, la relación personal entre los implicados, ya de por sí muy deteriorada desde meses atrás, dejó de existir. De hecho ayer ni siquiera se saludaron al encontrarse en la puerta de la sala de vistas del juzgado.

Gago alegó también durante el juicio que pensaba, en un principio, que la responsabilidad solidaria del pago del préstamo era entre cuatro personas y no entre tres ya que creía que Enrique Ramírez era también titular. Mientras, en sus conclusiones, el abogado de los concejales de IP solicitó que se condene a Fernando Gago a pagar 10.733,37 euros del préstamo, más los intereses legales que correspondan así como las costas. El juicio ha quedado visto para sentencia.