El Puerto

El Gobierno local confía que el nuevo PGOU entre en vigor el año próximo

  • La recepción de un informe de la Junta que respalda la propuesta de crecimiento reafirma a Urbanismo la posibilidad de que pueda estar aprobado antes de que acabe el presente mandato municipal

El Gobierno local volvió a mostrar ayer su convencimiento de que antes de las elecciones municipales de mayo del año próximo habrá entrado en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se mostró, incluso, optimista apuntando la posibilidad de que su aprobación definitiva se pueda producir en Navidad ("sería un buen regalo de Reyes", dijo el alcalde, Enrique Moresco).

Este entusiasmo viene motivado, en parte, por la recepción hace unas semanas de un informe de la Junta de Andalucía que viene a respaldar, en buena medida, la propuesta de crecimiento planteada en el documento de aprobación provisional 2 del nuevo ordenamiento (que hasta el pasado martes ha estado en exposición pública). Concretamente es el informe de incidencia territorial que ha elaborado la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Ni el alcalde ni la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, quisieron dar demasiados detalles del contenido del documento alegando que "aún es pronto". Eso sí, apuntó que es "muy positivo" y que servirá para "callar muchas voces". Este informe valora si la propuesta de ordenamiento cumple con los parámetros fijados por los planeamientos de rango superior y, en el caso de El Puerto, le afectan el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía (POTBC) y el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA).

Por lo dicho ayer por los responsables municipales, la Junta no ha puesto, por tanto, objeciones a aspectos 'espinosos' como las previsiones de crecimiento (número de viviendas y metros cuadrados declarados urbanizables), que están limitados por ley. Eso sí, este periódico ha podido saber que el organismo autonómico ha instado a realizar una serie de correcciones en algunos aspectos del documento.

No obstante, aún faltan más de una docena de informes de administraciones públicas por recibir, entre ellos el de impacto ambiental, que está a la espera de que el Ayuntamiento le remita a la Consejería de Medio Ambiente las alegaciones que se han presentado al nuevo Plan General para culminarlo, según las explicaciones dadas ayer por Ybarra. No obstante, el de incidencia territorial es uno de los más importantes (no en vano fue el que tumbó el documento de aprobación provisional 1 elaborado durante el anterior mandato municipal).

Las determinaciones y propuestas que hagan las administraciones consultadas se incorporarán al futuro ordenamiento en el documento de aprobación provisional 3, donde se incluirán también las alegaciones ciudadanas que sean aceptadas.

Fue el pasado martes cuando concluyó el plazo de exposición pública del documento y presentación de alegaciones. Según los datos aportados ayer por el Gobierno local, han sido 435 las presentadas aunque aún se está a la espera de cerrar el número puesto que aún se tienen que recibir las enviadas por correo. Tanto el alcalde como la concejala de Urbanismo destacaron la "gran participación" de entidades y particulares tanto en la exposición como en la remisión de propuestas.

Ahora, las alegaciones deberán ser analizadas por el equipo redactor, la empresa Territorio y Ciudad, y los responsables del Área de Urbanismo para hacer una primera valoración. Posteriormente, se celebrarán varias reuniones de la comisión de seguimiento del nuevo PGOU, órgano donde están representados todos los grupos políticos, para consensuar una respuesta a cada una de las presentadas.

El calendario que maneja el Área de Urbanismo es que el documento de contestación de alegaciones se pueda aprobar por el Pleno Municipal en torno al mes de junio. Pero las intenciones del Gobierno local pasan porque en esa misma sesión, o poco tiempo después, se pueda darle el visto bueno también al documento de aprobación provisional 3 del nuevo Plan General. Éste será el que finalmente remita a la Junta de Andalucía, que tiene seis meses para ratificarlo de forma definitiva. No obstante, durante este plazo puede solicitar modificaciones o aprobarlo de forma provisional.

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