GDF, la empresa concesionaria de los autobuses urbanos, aseguró ayer que ni puede hacer frente a las exigencias de mejoras salariales que reclama la plantilla ni está obligada a aceptarlas en base al pliego de condiciones que regula este servicio municipal. Asimismo negó que el gerente de la compañía, Benito Ramírez, haya tratado de forma supuestamente vejatoria a la concejala de Medio Ambiente, Beatriz Fuentes, tal y como se apuntó en el Pleno Municipal celebrado el pasado jueves donde se acordó que la Corporación Municipal reprobrara públicamente la actitud de este directivo. La empresa remitió ayer un comunicado donde señaló que no está "en disposición económica" de asumir las mejoras laborales que reclaman los trabajadores. La plantilla exige, entre otras cuestiones, el pago de la antigüedad, nuevos pluses así como la reducción de las horas semanales y ampliación de los días de descanso.

Tal y como viene informando este periódico desde el inicio del conflicto, la controversia radica en quien debe hacer frente al aumento del coste que generará la aplicación de estas reivindicaciones. Dada la fórmula por la que se rige la concesión municipal (gestión interesada), la empresa tiene garantizado un beneficio anual mínimo y el posible déficit del servicio debe ser asumido por el Ayuntamiento. Las mejoras salariales supondrían, por ende, un aumento de los costes y es aquí donde surge el enfrentamiento. El comité y el Ayuntamiento calculan que sería de unos 180.000 euros anuales pero GDF lo eleva hasta "más de 250.000 euros", según el comunicado remitido ayer. La empresa se niega a sufragarlo mientras que el Ayuntamiento ha hecho una propuesta que consiste en que la administración municipal se haría cargo de 50.000 euros (la concejala indicó que no se podía elevar más la cuantía dada la situación económica actual) y el resto lo abonaría GDF. La empresa lo rechazó.

En el comunicado, la compañía señala: "Entendemos que políticamente no es correcto de cara al público ir en contra de los trabajadores o negarles mejoras de forma clara pero habría que informar y dejar claro que, hoy por hoy, existe un problema económico, que no existe dinero para hacer frente a estas mejoras".

Pero es más, la compañía de autobuses urbanos advierte que no se le puede obligar a pagar esos incrementos salariales. Esto lo afirma en base al pliego de condiciones que regula la concesión de este servicio en la que se apunta que los salarios de los trabajadores se deben regir por el convenio provincial de transporte de viajeros. Y GDF asegura que está cumpliendo a rajatabla con este punto. Por ello, la empresa insta al Ayuntamiento a modificar el pliego de condiciones que regula el servicio para quitar esta cláusula. Eso sí, le advierte que deberá asumir "las consecuencias que esto pueda derivar". Un cambio de las condiciones del contrato conllevaría, por tanto, una compensación para la concesionaria.

Por otro lado, desde GDF se negaron las acusaciones de un supuesto trato vejatorio del gerente a la concejala de Medio Ambiente. "Tras 35 años al frente de distintas empresas es la primera vez que se le acusa de esto", añadió la compañía en el comunicado. No obstante, en él no hace mención de si la empresa aceptará o no la petición de la Corporación Municipal de que se nombre a un nuevo interlocutor para tratar de resolver el conflicto.