El Foro Social se ha sumado al comunicado emitido con motivo del 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, con el lema "¡Que sea delito dejar a una familia sin ingresos!". El Foro Social manifiesta en su comunicado que "la peor consecuencia de la crisis que desde 2008 hemos padecido ha sido la creciente y escandalosa desigualdad entre las clases más desfavorecidas y los más ricos". En este sentido, recuerda que "la pérdida de millones de puestos de trabajo y de condiciones laborales dignas ha dejado a miles de familias sin recursos para poder llegar a fin de mes, necesitando ser protegidas socialmente". De esta forma, el Foro Social Portuense, con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, se une a la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados para denunciar esta situación.

El comunicado de la Asociación de Barrios Ignorados subraya por su parte que “la Renta Mínima de Inclusión (RMI) Social, anunciada a bombo y platillo por la Junta de Andalucía para acabar con la pobreza en nuestra comunidad, es lo mismo que se viene haciendo desde 1999 con escaso resultado, como ponen de manifiesto las denuncias realizadas por diversos colectivos y por el Defensor del Pueblo… La actual legislación la ha convertido en una carrera de obstáculos humillante para las familias que la solicitan, transformándola en una renta de exclusión”, sostienen.

Esta afirmación está fundamentada en varias razones:

“La RMI no saca a las familias de la pobreza. El umbral de la pobreza en Andalucía estaba en torno a 684€ para el 2018. La RMI está destinada a unidades familiares que dispongan de unos ingresos inferiores a 419,52 € (78% del IPREM) incrementando esta cantidad en 53,78 € por cada uno de los miembros de la familia aparte del solicitante. La cantidad a percibir es lo que le corresponda menos los ingresos que tenga la familia. No puede ser inferior a 107,57 €”.

“La Carta Social Europea dice que cada país debe garantizar prestaciones y rentas que no sean inferiores a esta cuantía (684€), para que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza. El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge en su artículo 23.2, el derecho a recibir una renta básica que garantice unas "condiciones de vida digna".

“No llega a todas las familias que la necesitan, ya que hay diseñado todo un conglomerado de trabas y obstáculos para que no puedan acceder a las ayudas. Se les exige numerosos requisitos a cumplir, numerosas condiciones familiares. Lo que está provocando que a muchas familias se las denieguen y a otras se las disuada para no solicitarlas”, añade.

“Es una renta de exclusión porque enfrenta a las familias a un difícil dilema: o trabajo precario o renta. Con los requisitos actuales se penaliza a las familias que encuentran un trabajo, aunque sea de solo algunos días. Esta renta debería ser individual y automática igual que los subsidios contributivos que una vez que la persona empleada queda en desempleo, el cobro es automático e individual y llega independientemente de su situación familiar… Se ha convertido en una renta de exclusión porque… en la actualidad se están resolviendo las solicitudes con más de 10 meses de retraso”.

El Foro Social Portuense, junto a la asociación de Barrios Ignorados concluye que esta medida "tal y como está diseñada no es un instrumento válido para producir Justicia Social en Andalucía, ya que no genera un reparto justo y equitativo de los bienes y servicios básicos, para las personas empobrecidas de nuestra comunidad. Es necesario y urgente el fortalecimiento de una verdadera red de ingresos mínimos que cubran las necesidades sociales básicas de las familias andaluzas", finaliza el comunicado.