La Fiscalía Provincial de Cádiz ha decidido archivar la denuncia presentada el pasado 7 de abril por miembros de la plataforma 'Apemsa no se vende' contra varios dirigentes de la empresa municipal de aguas, Apemsa, por supuestas irregularidades tanto en la realización de las preceptivas analíticas del agua depurada por parte de la empresa Aqualia como en la facturación de las aguas depuradas, por las que según la plataforma Apemsa habría estado pagando un sobrecoste que cifraban en unos 500.000 euros anuales.

El fiscal centró sus investigaciones en el segundo aspecto, el de la posible sobrefacturación por parte de Aqualia a Apemsa por estar estropeados los caudalímetros de la planta desde hace años, e incluso llamó a declarar a dos técnicos de la empresa municipal, que confirmaron que fue en el año 2005 cuando se tuvieron las primeras sospechas de que se podía estar midiendo mal el volumen del agua depurada.

Según relataron ambos técnicos al fiscal, la empresa decidió adquirir en Irlanda unos caudalímetros de gran calidad para saber si el agua medida por Aqualia era la correcta. No obstante, dichos caudalímetros se estropearon enseguida y en 2006 se decidió sustituirlos por otros, aunque esta actuación se fue demorando e incluso en el momento de la declaración de los técnicos, en junio de este año, no estaban instalados todos los aparatos previstos.

No obstante, en su decreto el fiscal explica que "ninguno de los declarantes pudo afirmar que por parte de los directivos o máximos responsables de Aqualia hubiese una intención de engañar a Apemsa para facturar más agua de la realmente depurada, ni que hubiese una connivencia entre los responsables de Apemsa con Aqualia para permitir a esta empresa facturar más de lo que le correspondiese, ni tampoco una dejación de funciones para no tratar de resolver el problema que suponía una posible mala contabilidad del volumen del agua depurada que podía beneficiar económicamente a Aqualia, ya que cuando se detectó el problema se hicieron las gestiones y actuaciones necesarias para tratar de corregirlo".

Por todo ello, se decide el archivo de las diligencias de investigación.

Ayer los miembros de la plataforma 'Apemsa no se vende' Juan Clavero y Luis Hiniesta valoraron esta decisión del fiscal. El propio Clavero acudió a ratificar la denuncia hace unos meses y aportó nueva documentación sobre las irregularidades en las analíticas realizadas, insistiendo en que la sobrefacturación de Aqualia fue incluso mayor de la que habían estimado en un primer momento, llegando ahora a cifrarla en un millón de euros a lo largo de diez años.

Ahora la plataforma ha decidido personarse en la causa que ya obra en poder del Juzgado número 5, por la adjudicación sin contrato de varios servicios y obras a la adjudicataria de la depuradora. Así, toda la documentación remitida al fiscal y alguna más que han ido recabando se pondrá en manos de este mismo juzgado.

Desde la plataforma consideran muy grave y palmario el incumplimiento del contrato que ha existido por parte de Aqualia en la gestión de la depuradora desde hace años, ya que insisten en que nunca se han cumplido los criterios de depuración a los que obliga el pliego de condiciones. En cuanto a la sobrefacturación, que como insistieron, ha sido ratificada por técnicos de Apemsa, consideran que el coste extra que esta situación ha supuesto para las arcas municipales -y que cifran en unos 10 millones de euros desde 2005- hubiera servido para evitar tener que llegar a la venta del 49% de la empresa a una empresa privada.

Desde la plataforma, además, se ha realizado un nuevo requerimiento al alcalde, Alfonso Candón, para que investigue todo este asunto.