Los ecologistas han pedido la demolición de las construcciones ilegales en el Coto de la Isleta. Recuerdan que se trata de unos terrenos propiedad municipal por compraventa en escritura de 1941, y que tanto el PGOU actual como el anterior catalogan los mismos como SGEL, es decir terrenos para la adecuación como zona verde o parque público.

En su día en la margen cercana a las marismas existió una cesión de dominio público a una serie de colonos que hace años que ha caducado, por lo que el Ayuntamiento en marzo de 2013 inició el expediente, declarando la extinción de la ocupación de dominio público en el Coto de la Isleta "y en agosto de 2013 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el informe jurídico para proceder a la extinción de la ocupación y a la demolición de las construcciones y cerramientos". No obstante, "ahí siguen las ocupaciones, los cerramientos y construcciones, por lo que después de casi 5 años no se ha cumplido aún el acuerdo plenario".

Ecologistas en Acción en el año 2010 presentó en el Ayuntamiento denuncia indicando que en el Coto de la Isleta se encontraban cerramientos y construcciones levantadas en suelo público por particulares, y exigía que se abrieran expedientes de reposición de la realidad física alterada a los infractores y se recuperasen los terrenos para ampliación del parque periurbano.

A consecuencia de la denuncia se abrieron más de 12 expedientes de protección de la legalidad, "culminando todos con órdenes de reposición de la realidad física alterada que fueron incumplidas, por lo que en septiembre de 2012 se firman los decretos ordenando la demolición subsidiaria por el ayuntamiento," incluso con presupuestos ya elaborados para repercutir con posterioridad a los infractores.

Los ecologistas denuncian la "pasividad municipal y falta de interés para llevar a cabo la culminación de los expedientes de demolición sufriendo los expedientes innumerables paralizaciones, haciendo el juego a los infractores y haciendo buena la política de hechos consumados que siempre se ha llevado en este ayuntamiento". Para los ecologistas, la LOUA ofrece mecanismos para llevar a cabo las demoliciones subsidiarias si se niega el infractor. "El hecho de la presentación de recurso judicial no debe de paralizar la demolición a no ser que esa medida haya sido acordada por el juez. La asociación defiende que la lucha más efectiva contra el urbanismo ilegal "es la paralización de las obras y la demolición lo más inmediata posible y hechos como estos no hacen más que alimentar este cáncer que destruye territorio".