Los cuatro propietarios de otros tantos chalés de Cantarranas que ya en 2007 estuvieron a punto de ver caer sus viviendas bajo la piqueta se enfrentan ahora a la misma situación. El área municipal de Urbanismo ha ordenado para el lunes la ejecución de la orden de derribo que afectará a estas cuatro casas, incluso en un momento en el que la zona está a punto de verse inmersa en el proceso de regularización promovido por el propio Ayuntamiento.

Esta larga historia se remonta al año 1995, cuando el Ayuntamiento decretó en primera instancia el derribo de estos cuatro chalés por haber sido construidos sobre suelo no urbanizable. Tras un largo camino judicial que comenzó entonces, el Tribunal Supremo ratificó la orden de derribo en el año 2002, aunque por decisión expresa del entonces alcalde, Hernán Díaz Cortés, no llegó a ejecutarse entonces la demolición.

A partir de ahí la ejecución de la sentencia fue retrasándose en virtud de los sucesivos recursos interpuestos por los propietarios, un procedimiento legal que ya ha tocado a su fin y que ahora se enfrenta a esta nueva orden municipal de ejecución.

Lo más llamativo del asunto es que precisamente ahora la zona de Cantarranas está inmersa en los trámites previos al proceso de regularización de los diseminados, para lo que hace falta la adhesión de un número de propietarios que está a punto de conseguirse para poder inicial el proceso de manera oficial.

Los propietarios afectados ya han puesto el asunto en conocimiento del concejal de Urbanismo, Antonio Fernández, y le remitieron por escrito el pasado viernes una solicitud a través del Registro municipal mediante la que le piden más tiempo para poder reunir las firmas de propietarios suficientes para evitar el derribo y sumarse al proceso de regularización, un supuesto que ya se recoge en el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que afecta a estas viviendas, aludiendo a la posible aparición de circunstancias que modifiquen las condiciones del suelo sobre el que se levantan las viviendas.

Ya en la primavera del año 2007, y tras una nueva orden de desalojo que se producía entonces, los propietarios de las viviendas (el promotor ya ha fallecido) recibieron el respaldo de numerosos vecinos y colectivos de diseminados de la ciudad, que criticaron la política urbanística municipal. Para este lunes a las nueve, cuando está convocada la orden de demolición, los afectados también han hecho un llamamiento a través de las redes sociales pidiendo el apoyo de amigos, vecinos y conocidos, de manera que una vez más se pueda evitar la ejecución de los derribos.