La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía le ha comunicado al Ayuntamiento que no procederá a analizar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) mientras no se reciban todos los informes que realizaron varias administraciones públicas. De este modo, los cinco meses que teóricamente tenía el organismo autonómico para aprobar el documento, y que comenzaron a contar desde el 14 de julio, se han interrumpido a la espera de estos análisis.

Tras aprobarse por parte del Pleno Municipal el documento de aprobación provisional 2 del nuevo PGOU en 2009, este se remitió a 17 organismos públicos para que lo estudiasen. Estas administraciones, a lo largo del año pasado y, algunas, a principios de este, remitieron una serie de informes advirtiendo de cuestiones que debían ser corregidas en el planeamiento. Todas estas tenían que ser incluidas, en mayor o menor grado, en el documento de aprobación provisional 3, que fue aprobado por el Pleno Municipal el pasado mes de marzo.

No obstante, y tal y como marca la normativa, estos organismos tenían que volver a revisar el ordenamiento para darle su conformidad y comprobar que sus determinaciones habían sido incluidas. Para ello, tenían un plazo de dos meses para hacerlo y que concluyó, según el Ayuntamiento, el pasado 13 de julio.

En cambio, al día siguiente, el Ayuntamiento decidió remitir el nuevo Plan General a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda aunque en ese momento faltaban por recibir la confirmación de algunos informes. Según apuntó el alcalde, Enrique Moresco, y el concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, en aquel momento se habían recibido sólo ocho pero se entendía que, al cumplirse el plazo, se había producido el denominado "silencio administrativo positivo".

Ayer, los responsables municipales incidieron en el mismo argumento cuando dieron a conocer la comunicación realizada por la Junta. En un comunicado, el concejal de Urbanismo señaló que el silencio administrativo lo recoge la normativa autonómica pero "parece no valerle ahora a la Consejería de Obras Públicas". Por ello desde el Gobierno local se aseguró que esto es "una maniobra para dilatar en el tiempo la aprobación definitiva del PGOU de El Puerto".

Asimismo, Muñoz comentó que el expediente del Plan General "fue entregado de forma completa ya que es la propia Junta que ahora requiere los informes la que contempla en su legislación que el silencio administrativo es considerado como respuesta positiva". Finalmente indicó: "La propia administración autonómica marca unos plazos para la remisión de esos informes y que si, transcurrido ese plazo, no ha sido remitido, se considera como respuesta positiva por silencio administrativo".