El Consejo de Administración de la empresa municipal Impulsa El Puerto aprobó ayer, con la abstención de los consejeros de IU y PSOE, emprender acciones legales contra el que fuera director técnico de la empresa municipal Impulsa El Puerto, Julián Martín Bravo, por varios supuestos delitos recogidos en el Código Penal.

Esta decisión se basaba en un informe elaborado por una profesora de la Universidad de Cádiz, Amalia Blandino Garrido, en el que se recogen las posibles actuaciones penales a seguir en contra del ingeniero despedido.

Según se informó en el transcurso del Consejo, el informe ha tenido un coste para la empresa de 1.900 euros. En el documento se señalan tres posibles delitos en los que pudiera haber incurrido Julián Martín Bravo, que son en primer lugar el incumplimiento del deber de confidencialidad -al que estaba obligado por una cláusula firmada en el momento de su despido- y que se recoge en el artículo 279 del Código penal. El objetivo de esta primera acción podría ser la recuperación por parte de la empresa de los 27.500 euros estipulados en el documento de extinción laboral, en caso de que el ingeniero no respetara dicha cláusula de confidencialidad.

Otros dos posibles delitos que se le podrían imputar serían los de calumnias (recogido en el artículo 205 del Código penal) y de injurias (artículo 208 del Código Penal vigente). Además, habría otras posibles actuaciones por una supuesta lesión del derecho al honor.

En concreto el consejero del PSOE se abstuvo, según explicaba ayer el edil socialista David de la Encina, al considerar que la causa fundamental que se debería investigar no es la actuación del ingeniero, sino toda la relación de posibles irregularidades que han podido producirse en el proceso de adjudicación de las obras de los aparcamientos. En este sentido, en el Consejo también se dijo que toda la documentación recopilada por el Pleno sobre este asunto se remitirá en breve a la Fiscalía.

Por otro lado, al margen de las acciones penales que emprenda Impulsa El Puerto, ya hay presentada una querella del gerente de Impulsa contra Martín Bravo, por la que en pocos días el ingeniero deberá a acudir a declarar al Juzgado.

Ya en otro orden de asuntos, para mañana jueves a las diez y media de la mañana la presidenta de Impulsa El Puerto, Patricia Ybarra, ha convocado una junta de portavoces en torno al proyecto de los aparcamientos subterráneos, una reunión a la que está prevista también la asistencia de representantes de Ahorro Corporación e Impulsa Aparca, con el objetivo e aclarar a los grupos municipales las dudas que tengan en torno a este proyecto.