La coordinadora de viviendas ilegales Coave ha tenido conocimiento del envío de notificación de decreto para el pago de multas coercitivas. Coave no entiende "cómo es posible esta situación, ya que el 6 de noviembre del 2008 se sometió al Pleno de la Corporación una proposición que constaba de cuatro puntos, que se aprobó por unanimidad. El punto segundo se centraba en convocar de forma inmediata reuniones de los servicios técnicos del Área de Urbanismo, del Área Económica y de Recaudación para buscar una solución legal a la problemática de las multas coercitivas y hacer posible la paralización legal de dichas sanciones. Para ello se daba un plazo de dos meses "y han pasado dieciocho. O bien no se han reunido o no han sido capaces de buscar una solución al problema planteado. En el primero de los casos, si se confirmara que no se han reunido es evidente que no se ha respetado la voz de los ciudadanos. En el segundo de los casos hemos de pensar que falta voluntad política, pues creemos que es posible la paralización legal de dichas sanciones".

Para los responsables de Coave "el problema es lo suficientemente grave como para tomarlo en serio, pues la inestabilidad a la que se somete a las familias afectadas hace que la angustia y desesperación sea el resultado de la presión psicológica a la que están sometidos. Desde esta coordinadora entendemos que a la altura del desarrollo que se encuentra el nuevo PGOU, y teniendo en cuenta que la práctica totalidad de las viviendas sancionadas van a ser regularizadas, no tiene sentido seguir aplicando las multas coercitivas, ya que el objetivo de estas multas tiene como fin conseguir el derribo de las mismas". Para Coave "el cese de los expedientes y la paralización de las multas coercitivas sería una medida conciliadora y tranquilizadora para las familias afectadas".