El día que comenzó el derribo de la casa club de Montenmedio, en Vejer, los ojos se volvieron hacia la sierra de San Cristóbal, hacia Las Beatillas, otro complejo sobre el que pesa una orden de derribo que aún no se ha ejecutado.

No obstante, ambas instalaciones no están en la misma situación. El proyecto vegeriego contaba ya con sentencias firmes que ordenaban su demolición. En cambio, a Las Beatillas aún le queda una última instancia, el pronunciamiento del Supremo.

Según los datos recabados por este periódico, el complejo está a la espera de resolución de dos recursos presentados ante este tribunal. El primero de ellos, el más importante, es por la orden de derribo que decretó la Junta de Andalucía de septiembre de 2003. Ésta fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dos años después. En un principio, este tribunal declaró firme la sentencia por lo que ordenaba su ejecución. Sin embargo, tras varios recursos, el grupo Jale logró que el Supremo le permitiera la presentación de un recurso de casación.

El otro recurso, aún pendiente de resolución, es una pieza separada que se originó del primero en el que Jale reclamaba que se tomara la medida cautelar de paralizar el proceso de derribo mientras no hubiera una sentencia firme contra el complejo. Finalmente, ésta también fue aceptada por el Supremo en diciembre de 2005 y la Junta de Andalucía procedió a adjudicar los trabajos del derribo en 2006 pero decidió no acometerlo hasta conocer el pronunciamiento definitivo del alto tribunal.

El TSJA declaró ilegal las obras que el grupo Jale había realizado sin licencia en el complejo. Tal y como confirmaba esta sentencia, sí contaba con autorización municipal para rehabilitar el cortijo originario de Las Beatillas. En cambio no contaba con el permiso para construir unas salas anexas para la celebración de congresos, para un restaurante, para pistas de pádel, para una carpa de celebraciones y para un aparcamiento de más de 4.500 metros cuadrados de superficie.

Este complejo, según el objetivo del grupo Jale, estaba configurado como el punto inicial del proyecto urbanístico de la finca de Las Beatillas, unos terrenos de más de dos millones de metros cuadrados que lindan con el término municipal de Jerez, donde se baraja un proyecto residencial de cerca de un millar de viviendas complementado por un campo de golf y zonas comerciales y hoteleras.

Aunque era un suelo declarado urbanizable desde 1992, no comenzó a bajararse su desarrollo hasta el año 2000. Precisamente, se inició su tramitación cuando el propietario del grupo Jale, José Antonio López Esteras, quedó fuera del proyecto urbanístico del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar (formó parte de una de las ofertas que optaron a esta instalación golfística).

Y de hecho, el paralelismo entre ambas actuaciones urbanísticas ha sido notorio desde sus comienzos. Así, el mismo día que el Pleno Municipal aprobaba la modifiación puntual del PGOU que permitía la construcción del campo de golf de Viña Rango, el por entonces concejal de Urbanismo, Pedro Alamillos, firmaba con López Esteras un "acuerdo de intenciones" para la firma de un convenio urbanístico donde se incrementaba notablemente la edificabilidad en los suelos de Las Beatillas. Desde entonces, la tramitación urbanística sufrió varios reveses, todos ellos provenientes de la Junta de Andalucía, que han provocado que no se haya podido ejecutar. Así, el Ayuntamiento aprobó el programa de actuación urbanística (PAU) de los suelos en marzo de 2002 (un mes antes había aprobado el del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar). Sin embargo, la Delegación Provicnial de Medio Ambiente emitió un informe desfavorable a este instrumento por su importante impacto paisajístico, lo que provocó su paralización. Tras esto, tanto el Ayuntamiento como la propietaria optaron por entablar negociaciones para ampliar la edificabilidad de los suelos en el nuevo PGOU (la última propuesta fue de un millar de viviendas).

A día de hoy, el complejo permanece cerrado salvo para determinados actos (por decisión de la propietaria por cuestiones meramente económicas) y el proyecto urbanístico está a expensas del nuevo Plan General.