El asunto del geriátrico privado Gecosol, por sus presuntas deficiencias en el servicio, llegó ayer al Pleno municipal, con la intención de que el Ayuntamiento y su equipo de Gobierno intervengan. Y, por lo menos, así se aprobó: el equipo de Gobierno inspeccionará e investigará la calidad del servicio de atención prestada a los residentes del geriátrico.

La plataforma de familiares afectados considera que las instituciones públicas implicadas (Junta de Andalucía, por concertar 40 plazas con el centro, y el Ayuntamiento, por ceder el suelo a la empresa) "han estado mirando para otro lado" en los últimos meses, a pesar de las cinco denuncias interpuestas hasta el momento contra la empresa, y así lo expuso uno de sus portavoces, Fernando Romero, en su intervención ante el Pleno. Romero recordó que ya se han puesto en contacto con todas las instituciones competentes sin que nadie les haya garantizado el fin de la problemática, después de que hayan fallecido varias personas en el centro y otras tantas hayan sido ingresadas de urgencia en hospitales de la zona. Por eso, Romero apuntó que el "único amparo" que tienen ahora es la Justicia.

El portavoz de la plataforma creada para defender los derechos de los ancianos entregó a los concejales durante su turno de palabra las duras imágenes de las heridas que presentaban algunos de los usuarios de la residencia por falta de una atención adecuada. "Esas son las legañas a las que se refería el presidente de la empresa el otro día en la prensa", señaló Romero.

Los afectados han pedido recientemente al presidente de la Junta, Manuel Chaves, la dimisión de la delegada provincial de Bienestar Social, Manuela Guntiñas, y la consejera Micaela Navarro, por "dejación de funciones en defensa de los derechos de los mayores" y por "abandono a las personas afectadas en los presuntos malos tratos recibidos".

Por su parte, el alcalde, Enrique Moresco, negó que el Ayuntamiento estuviera "mirando para otro lado" y recordó que su Gobierno ha enviado técnicos municipales a revisar la situación aunque adviritiera que "se nos negó la información porque el Ayuntamiento no es competente". Del mismo modo se pronunció el concejal del PSOE, Francisco Ferrer, quien abogó por la necesidad de investigar estas presuntas irregularidades, a la vez que defendió la actuación de la Junta de Andalucía, recordando que se han llevado a cabo nueve inspecciones al centro desde octubre, habiendo sancionado en una ocasión a la empresa.

Para IU, proponente de la iniciativa, las inspecciones llevadas a cabo por la Consejería de Bienestar Social han estado "avisadas y preparadas", y aseguraba que es "una falta grave" el hecho de que no dejen al Ayuntamiento investigar el asunto, puesto que el pliego de condiciones de la cesión del suelo a la empresa lo permite.

Con todo, y a pesar de las dudas de los afectados, los partidos se pusieron de acuerdo y quisieron mostrar su apoyo en un caso de estas características.

La plataforma se concentrará este lunes, a las doce del mediodía, en la puerta de Gecosol y guardará cinco minutos de silencio.