El pleno municipal que se celebra esta tarde abordará una modificación de crédito por importe de 210.072,43 euros que se deberán destinar a cumplir una sentencia por la que se eleva el justiprecio de las expropiaciones que se realizaron en 2006 en Santa Clara para proceder a la construcción de las nuevas promociones públicas.
La sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar a los anteriores propietarios 87.522,42 euros más en concepto de justiprecio, más otros 122.550,01 euros en concepto de intereses de demora, lo que equivale al 30% de la responsabilidad municipal para hacer frente a dicho pago en el montante total de las expropiaciones.
Fueron beneficiarios de la expropiación la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y la empresa municipal de Vivienda (Suvipuerto), al 70% y 30% respectivamente.
Como explica el abogado José Miguel Oviedo Mesa, que representa a los recurrentes, "la aprobación definitiva de delimitación de los terrenos integrados en la Unidad de Ejecución "PERI-CC-Santa Clara, donde se ubican los bienes expropiados de mis representados, fue acogida por la Comisión de Gobierno mediante acuerdo de 11 de diciembre de 2003. El proyecto de expropiación se aprobó el 28 de septiembre de 2006. Hubo propietarios que convinieron el justiprecio y otros no -los que han obtenido esta sentencia favorable- y percibieron las cantidades del justiprecio que fijó el Ayuntamiento, que era el expropiante y siguieron peleando el justiprecio".
La Sala de lo Contencioso del TSJA, con una sentencia dictada en el mes de julio que ya es firme, condena al Ayuntamiento a abonar el nuevo justiprecio más los intereses de demora desde el año 2004.
Los intereses afectan a todos los bienes y derechos de los expropiados que han recurrido, no solo a la valoración del bien inmueble, la cual alcanza la suma de más de 700.000 euros a añadir a lo ya percibido por los expropiados.El reproche judicial es tanto a la valoración del bien inmueble como a la tardanza en fijar el justiprecio y pagarlo en el seno del procedimiento denominado “de urgencia”.
Esta sentencia es un nuevo varapalo para las arcas municipales, ya que con una situación económica complicada se deben destinar ahora más de 200.000 euros al pago de esta indemnización.
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