Las amenazas se cumplieron. A finales del pasado mes, los tres propietarios de los bares de La Puntilla (el Piriñaca, Los Cuatro Vientos y El Pescador) recibieron una notificación de Autoridad Portuaria en la que le ordena que deben abandonarlos, construidos sobre suelo portuario.

En el documento, el organismo portuario comunica que se da formalmente por concluida la autorización que les permitía ejercer su actividad hostelera en estos terrenos ubicados a pie de la playa de La Puntilla. Por ello les insta a que demuelan lo construido, pero se da la circunstancia de que dos de los propietarios tienen su vivienda anexa a este bar.

No obstante, como en cualquier procedimiento administrativo, los afectados tienen la posibilidad de presentar un recurso por la decisión, ante este mismo órgano. Estos se están ultimando para ser entregados en próximos días.

Estos negocios llevan abiertos desde hace más de 20 años. Sin embargo, Autoridad Portuaria pretende derribarlos, aunque no está claro (al menos que haya trascendido públicamente) qué uso se le darán a estos suelos ubicados en un lugar privilegiado, ya que es una de las últimas fincas pegadas al litoral que aún quedan por desarrollar. Es más, cualquier iniciativa que tenga no podrá desarrollarse a corto plazo.

Actualmente estos terrenos están catalogados como usos portuarios en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 1992. Hace meses, se inició el procedimiento administrativo para desafectarlos de esta calificación y, de este modo, pueda albergar otros usos.

Cuando se aprobó el documento de aprobación inicial del nuevo PGOU en 2003, se contemplaba que estos terrenos (que comprenden desde el actual emplazamiento de estos bares hasta la rotonda de La Puntilla) albergaran zonas deportivas y un hotel.

Sin embargo, y sin que se argumentara públicamente esta decisión, se modificaron los planes para esta gran finca propiedad de Autoridad Portuaria. En junio de 2005 se aprobó el documento de aprobación provisional 1 del nuevo Plan General donde recogía una importante modificación para el uso futuro de estos terrenos. Desaparecía el hotel y en su lugar se permitía la construcción de 135 viviendas, complementadas por una zona deportiva. Autoridad Portuaria no presentó alegaciones en contra de este cambio de envergadura.

Ahora el organismo portuario ordena el desalojo de estos terrenos, que quedarán sin uso durante varios años puesto que es larga la tramitación administrativa necesaria para desafectar los terrenos del dominio portuario.

Los tres establecimientos se instalaron en estos terrenos en virtud de una concesión que Autoridad Portuaria suscribió con cada uno de los propietarios. Sin embargo, las condiciones se modificaron en 1988 con la entrada en vigor de la Ley de Costas. De una concesión con carácter temporal e indefinido que tenían en un principio, pasaron a tener una autorización que se renovaba anual o bianualmente. Desde entonces, los propietarios fueron renovando el permiso (aunque algunos años la Autoridad Portuaria ni siquiera hizo este trámite formal, según apuntaron los afectados) a cambio de un canon económico. La última renovación de la autorización cumplió en 2003. Desde entonces, el organismo portuario se negó a seguir renovándola. Sin embargo siguió permitiendo de forma tácita que continuara la actividad hostelera de estos establecimientos. De hecho, éstos continuaron pagando el canon.

Los propietarios reclaman ahora un lugar alternativo para el desarrollo de su actividad, a lo que se niega el organismo portuario, por el momento.