Después de varias sesiones plenarias que se han caracterizado por la tensión en el ambiente y las protestas por parte de diferentes colectivos, con exhibición incluso de carteles, el Pleno Ordinario de ayer se caracterizó por la moderación en el debate y la tranquilidad en el salón de plenos, que permaneció sin apenas presencia de público durante toda la tarde. Faltaron además los concejales Alfonso Candón, Alejandro Merello y Carlos Coronado.

Quizás el excesivo calor que hizo durante la jornada o el hecho de que se tratase de la última sesión ordinaria del curso político, el caso es que predominó en el debate un tono cordial y respetuoso, sin dejar de producirse la discusión en los puntos donde se consideró necesario. Gran parte de las mociones planteadas por el equipo de Gobierno salieron adelante, algunas por unanimidad, como elevar a escritura pública la constitución de la junta de compensación de la ARG La Herradura, uno de los antiguos diseminados en fase de legalización.

Entre los puntos que se aprobaron se encuentra también el instar a la Junta de Andalucía para que la Sierra de San Cristóbal sea declarada Parque Metropolitano. La moción fue defendida por el concejal de Urbanismo, Ángel Quintana, quien explicó que en ella además se solicita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que tenga en consideración una serie de propuestas elaboradas por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística para su inclusión en el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC).

La filosofía de la moción pasa por mantener el llamado 'cinturón verde' y declarar la zona de las cuevas cantera y parte de la Sierra de San Cristóbal como parque arqueológico y parque natural, espacios para el disfrute de los ciudadanos, potenciando ambas vertientes, ya que la sierra cuenta con posibilidades culturales, paisajísticas y recreativas de primer orden.

Además, se propone que la Junta suprima la declaración de inundabilidad que pesa sobre las tierras del poblado de Doña Blanca y zonas de huertas cercanas, que impide que se construyan cuartos de aperos e instalaciones necesarias para el desarrollo agropecuario, muy limitado por la calificación como 'suelo inundable'. Otra de las cuestiones alude a la depuradora, de manera que se propone la construcción de una nueva en la carretera de Sanlúcar, para atender a los diseminados, y poner a pleno rendimiento la que existe en Puerto III. El documento de propuestas fue calificado como "una declaración de intenciones", y fue bien recibido por los concejales que intervinieron en el debate de la moción.

De la misma forma, el Pleno conoció el importe al que se elevan los expedientes que cuentan con reparos de la Intervención municipal, que suman casi 9 millones de euros, de los cuales, según explicó el concejal de Economía Antonio Fernández, 8,4 corresponden al pago de nóminas a los funcionarios municipales. Los reparos se han incrementado desde el año 2014, cuando ascendían tan sólo a 2,5 millones. La situación se produce porque existen discrepancias entre los servicios municipales, señaló IU, que defendió que el equipo de Gobierno es transparente a la hora de darlos a conocer.

Por su parte, la oposición relacionó los reparos con la bajada de la ciudad en el ranking de Transparencia Internacional, y advirtió de las consecuencias que pueden tener en un Ayuntamiento sometido de por sí a un Plan de Ajuste, ya que el Ministerio de Economía podría tomar medidas adicionales que dificultarían aún más la gestión económica.