Los trabajos de mantenimiento de la red de abastecimiento que ha realizado la empresa municipal de aguas Apemsa, durante el año 2010 y los meses que han transcurrido de 2011, han detectado a un total de 30 usuarios que tenían una acometida de agua de forma ilegal. Según ha señalado Apemsa en un comunicado, a los infractores se les ha aplicado las liquidaciones previstas en el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, que en algunos casos ha llegado a los 4.000 euros, y que supone además el corte inmediato del agua hasta que se abone el pago.

El presidente de Aguas del Puerto, Enrique Moresco, ha informado que durante el consejo de administración celebrado el pasado 1 de agosto, varios miembros de dicho consejo solicitaron que se incrementen las inspecciones por parte de la empresa municipal "para detectar fraudes en las tomas de agua entre los abonados y no abonados de la ciudad". Enrique Moresco les garantizó que Apemsa "mantiene durante todo el año una actitud vigilante ante estas situaciones que repercuten en el bolsillo de todos los ciudadanos, ya que es un fraude, en definitiva, se paga entre el resto de los clientes".

Estos fraudes son detectados durante las inspecciones de mantenimiento en distintos puntos de la red de abastecimiento, por denuncias ciudadanas o por la atención puesta desde la empresa municipal para detectar estos casos.

En cuanto a las cifras, se ha detectado que durante el año 2010, 11 ciudadanos realizaron acometidas ilegales en la red sin ser abonados y 3 usuarios realizaron un enganche ilegal para suministrarse agua de forma irregular. Ya en 2011, hubo un número similar: 11 acometidas taponadas por fraude y por no ser clientes de Apemsa y 5 contratos con enganches ilegales.

Cabe destacar que las acometidas no autorizadas son tanto en el casco urbano como en el extrarradio, y todas son detectables.

Una vez se localiza el enganche no autorizado, el proceso consiste en cortar a los infractores la acometida (su acceso al agua) y además se les practica la liquidación establecida en el artículo 93 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. De esta forma, si quieren volver a tener agua deberán dirigirse a las oficinas de Apemsa, hacer un nuevo contrato y abonar la liquidación que les hayan impuesto.

Las liquidaciones pueden llegar hasta los 4.000 euros, dependiendo del tiempo que lleven hechas, la obra civil necesaria para volver a poner todo en su lugar y la reincidencia.

Moresco ha insistido en que periódicamente se llevan a cabo sondeos con minicámaras introducidas en las tuberías, que revelan los posibles fraudes en las canalizaciones. Además, las acometidas no autorizadas a la red son perfectamente visibles. Insiste además en que los fraudes y enganches ilegales "son en todo momento detectables y antes o después salen a la luz, ya que las labores de mantenimiento se realizan de forma habitual en la red". También ha subrayado que esta práctica ilegal "atenta contra todos, ya que se trata de usuarios que intentar soslayar el abono de un bien común, en detrimento de los que sí lo hacen, lo que se traduce en que tengamos que abonar el consumo fraudulento entre todos". Además, anima a todos los que conozcan un fraude de este tipo a que lo denuncie en Apemsa.