La sostenibilidad de las pensiones constituye uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la economía en el medio y largo plazo. A partir de la próxima década, entrarán en edad de jubilación las primeras cohortes de la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1977. Según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística, su incorporación a las clases pasivas será paulatina año a año, alcanzando su pico en 2042, con unos 723.000 potenciales nuevos pensionistas en ese ejercicio, lo que elevará la nómina total de jubilados a unos 15 millones, frente a los 8,7 actuales.

El acusado descenso de la natalidad que registró España a partir de 1980 provocará que a mediados de este siglo prácticamente habrá un ocupado por cada pensionista. Las previsiones de población de la ONU apuntan que España será en 2050 el segundo país más envejecido del mundo, sólo por detrás de Japón, con 69,5 personas de 65 años de edad o más, por cada 100 españoles con entre 15 y 64 años, según recoge el estudio El envejecimiento de la población y sus efectos en el mercado laboral, elaborado por la patronal CEOE.

Todos los programas electorales de los principales partidos admiten este desafío y recogen recetas para combatirlo aunque con desigual concreción. Podemos Unidos es el partido que más se explaya en la materia, comprometiéndose a derogar las dos últimas reformas de las pensiones, aprobadas por el PSOE en 2010 y el PP en 2014. Además, propone indexar la pensiones al IPC y revalorizar las mínimas por encima del salario mínimo, la supresión progresiva de los regímenes especiales -actualmente Autónomos, Trabajadores del Mar y Minería del Carbón- o eliminar la las deducciones a los planes de pensiones privados. Estas medidas "podrían suponer un aumento del gasto del orden de 2.000 millones de euros en una primera etapa". Para sufragarlo, la formación que lidera Pablo Iglesias, aboga por crear nuevos impuestos para financiar el sistema, que actualmente únicamente se nutre de las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

Además de mejorar los ingresos por cotizaciones mediante la elevación gradual de la base máxima de cotización, el PSOE coincide con Podemos en abogar por los impuestos, proponiendo "una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y vinculado a la financiación de las pensiones". Además, el Estado asumiría el coste de las medidas de fomento del empleo con incidencia en los ingresos de la Seguridad Social. El programa socialista -que a diferencia del de Podemos, sí alude a la recuperación del Pacto de Toledo- insiste en derogar únicamente las reformas introducidas por el PP, lo que dejaría en vigor el retraso paulatino de la edad de jubilación aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Asimismo, incluye elevar la cuantía de las prestaciones contributivas, entre otras medidas, entre las que destaca "reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por cada hijo, nacido o adoptado".

El programa del Partido Popular apunta al fortalecimiento del sistema de pensiones como su "primer objetivo". A diferencia de los anteriores, propone incentivar los planes privados de pensiones mediante el incremento de las deducciones en el IRPF "en los casos en que las aportaciones se realicen conjuntamente por el empleador y el trabajador". También recoge la revisión de "la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones". Además de los incentivos fiscales, el PP sugiere favorecer la "prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria" de jubilación, así como estrategias para asegurar "la permanencia en activo de los trabajadores con mayor edad", "la reincorporación laboral de trabajadores mayores de 55 años que sean parados de larga duración". o luchar contra "la discriminación por edad en el mercado laboral".

En cambio, Ciudadanos es el que emplea una explicación más sucinta de sus propuestas en el ámbito de las pensiones, insistiendo en una reforma "en el marco del Pacto de Toledo" que asegure su sostenibilidad, suficiencia, flexibilidad y transparencia. En este último ámbito, subraya la necesidad de que los trabajadores "sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán en el momento de su jubilación" para planificar sus ahorros y su carrera profesional. Además, la formación naranja se compromete a garantizar "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas", y sugiere que la adaptación del sistema al nuevo escenario demográfico debe asegurar "que en ningún caso puedan darse situaciones de pobreza entre nuestros pensionistas".