LOS colectivos e instituciones que se dedican en exclusiva o en buena parte de su actividad a atender a las personas y familias con menos recursos y, por tanto, con más necesidades se han convertido en los últimos años en un importante pulmón para las administraciones y para la sociedad en general. Su labor callada en muchas ocasiones y diaria hacia los demás sirve para paliar muchas carencias allí donde las administraciones públicas no llegan, o no lo hacen a tiempo. Reparto de alimentos, ayudas al pago de alquileres o de recibos de luz y agua, atención sanitaria, camas para los que no tienen techo, desayunos y meriendas para los menores cuyas familias no tienen recursos... el abanico de actuaciones es tan amplio y variado como colectivos y asociaciones existen y como necesidades tiene una parte de la sociedad cuyo porcentaje y número ha ido ampliándose en los últimos cuatro años. Toda esta labor otorga a estas entidades una experiencia en el campo de la atención social, un bagaje que les permite ver con ojos realistas cuáles son las necesidades y cuáles las medidas que deben tomar las instituciones públicas para procurar una sociedad mejor. Quiénes mejor que todos esos voluntarios que cada día atienden a las personas con menos recursos para saber qué política sociales es la que mejor puede aplicar un ayuntamiento, en este caso el de Cádiz.

La experiencia de estas asociaciones, la realidad a la que se enfrentan cada día aporta un completo manual de cómo debe una administración local aplicar sus políticas sociales. Tanto es así, que algunas de las entidades sociales han elaborado incluso un documento de propuestas que han entregado a los partidos políticos que concurrirán a las urnas el próximo 24 de mayo o que han dado a conocer. Ahí se definen puntos más generalizados o difusos junto a propuestas muy concretas sobre cómo debe actuar el futuro equipo de gobierno en este campo.

A este documento se remiten, por ejemplo, en Cáritas diocesana. Su presidente, el sacerdote Alfonso Guriérrez, refiere el documento que la institución religiosa a nivel nacional ha elaborado para buscar "respuestas valientes, generosas e imaginativas" ante la situación actual. El documento plantea casi medio centenar de propuestas, dirigidas a atajar el incremento de la desigualdad, para articular una sociedad que apueste firmemente por el bien común, o para construir una sociedad acogedora, inclusiva y diversa.

Cáritas también pertenece junto a otras instituciones como Cruz Roja o la ONCE, a la plataforma Tercer Sector, que también ha elaborado un documento de cara a las municipales, en este caso con diez propuestas concretas, como crear un fondo local contra la exclusión social y la pobreza, poner en marcha una estrategia local de inclusión social entre 2015 y 2019, generar un parque municipal de viviendas para garantizar el acceso a las familias en situación de exclusión social, crear un servicio de emergencia social para dar respuesta inmediata a situaciones de necesidad extrema, garantizar los suministros básicos dependientes de las administraciones locales, o introducir en las licitaciones públicas locales el requisito de la contratación pública socialmente responsable, entre otras.

Otro documento es el que ha elaborado la Asamblea Popular de San Mateo, que la semana pasada entregaba a los partidos una serie de reivindicaciones sobre la luz y el agua y sobre el centro integral del mayor Micaela Aramburu. En el primero de los casos, se reclama que no se produzca "ningún corte de suministro de electricidad y agua si la situación económica de la familia impide el pago", planteando para ello la prestación de estos suministros "con independencia del motivo por el que se disponga de una vivienda", el establecimiento de criterios de miembros de la unidad familiar para determinar escalones de consumo, crear bonos sociales, permitir el fraccionamiento de pagos sin interés de demora o regular las subvenciones para el pago de suministros. Y sobre la residencia situada entre Puntales, Loreto y el Cerro del Moro, este colectivo demanda que sea público "ya que ha sido costeado con el dinero de todos los gaditanos". "La plaza más económica cuesta 1.571 euros, lo que no está al alcance de la inmensa mayoría de pensionistas de la ciudad".

Una vez entregado y explicado en reuniones este documento, la asamblea de San Mateo espera ahora una respuesta por parte de los partidos polícitos, como les han solicitado.

En otros casos, las asociaciones o instituciones no se han parado a elaborar documento alguno, pero cuando se les pulsa la opinión las reclamaciones llegan prácticamente sin pensarlo, lo que da muestras de la necesidad de aplicar esas medidas que plantean.

Así ocurre, por ejemplo, con Caballeros Hospitalarios, que atiende un albergue en su sede de la calle Benjumeda. El actual presidente de la institución, Manuel Navarro, puntualiza que reciben "un apoyo importante" por parte municipal, aunque advierte de que "sí notamos que las plazas de albergue en la ciudad son cortas". Ellos atienden quince plazas, a las que se suman una veintena del albergue municipal. 36 camas en total para una ciudad cuyo censo de sin techo supera el centenar de personas. Además de esto, Navarro pone el acento en una necesidad aún más perentoria: "sería importante disponer de un albergue para mujeres", señala el presidente de Caballeros Hospitalarios, en cuya casa no pueden pernoctar mujeres, que disponen de un número muy reducido en el albergue municipal.

Junto a estas reivindicaciones dirigidas a los sin techo, Caballeros Hospitalario reclama también "buscar una ocupación" para esas personas que pasan el día en la calle. "Son ellos mismos los que dicen que el día se les hace muy largo, sobre todo en invierno", comenta Navarro, que para paliar este problema reclama actividades u ocupaciones durante el día para estas personas.

La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía tiene también un documento elaborado; pero más allá de eso, uno de sus portavoces, Diego Boza, recuerda que en la ciudad "vivimos una situación de emergencia, que no es nueva pero que se ha agravado con la crisis", por lo que reclama como punto de partida que se afronte la política social "de una forma real".

Para ello, Boza plantea principalmente dos puntos: "aumentar los fondos para los servicios sociales del Ayuntamiento", y aumentar también los medios humanos de esos servicios, para evitar los "largos períodos" que hoy en día espera una persona para ser atendida por los servicios sociales del Ayuntamiento y el hecho de que "el trabajador social se ha convertido en un filtro para acceder a la ayuda" ante el aumento de la carga de trabajo, que además -según reseña Boza- ha venido acompañado de unos recortes en la plantilla.

"Que haya tenido que crearse una asociación para llegar adónde no llegan los servicios sociales, como ha ocurrido en el Cerro del Moro con Amigas al Sur, es llamativo", concluye Pro Derechos Humanos. Y precisamente asociaciones como esta son las que tienen en sus manos, en su experiencia diaria, el más completo manual de la política social.