La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, desveló ayer nuevos detalles del futuro Plan de Vivienda que prepara su departamento. Por ejemplo que uno de cada tres nuevos hogares españoles recibirá algún tipo de ayuda y que se potenciará de manera significativa el alquiler y la rehabilitación urbana, pero también que trabaja con el Ministerio de Justicia para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de que cada propietario pueda recuperar la vivienda alquilada antes de los plazos firmados siempre que sea para ser ocupada por sus ascendientes o descendientes. Esa concesión no incluye, como pidió el martes el Banco de España, flexibilizar el periodo de los contratos, actualmente en cinco años.

Corredor subrayó que el futuro Plan de Vivienda incluirá medidas con ayudas concretas, el impulso al alquiler y estímulos a la rehabilitación urbana para que se convierta en la línea estructural del proyecto. Esas líneas maestras saldrán adelante si, como detectó en la reunión del martes con los consejeros autonómicos del ramo, hay el suficiente consenso. De ese acuerdo nacería el pacto para que los propietarios puedan recuperar su vivienda siempre que sea para sus ascendientes o descendientes, uno de los temores de los dueños de inmuebles (necesitar la casa en un futuro para familiares) que, a su juicio, limita la oferta del mercado.

Lo que no habrá será concesiones en los plazos de los contratos, como reclama el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "La Ley de Arrendamientos Urbanos, en lo que a la duración de los contratos se refiere, se ha logrado con un amplio pacto social y parlamentario. Cualquier reforma que se tuviera que acometer en esa línea tendría que lograr el mismo consenso, puesto que tiene mucha incidencia social", aclaró la ministra. En su Informe anual de 2007, la institución monetaria apostaba por modificar aquellos aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que pueden estar "limitando" la entrada en el mercado de alquiler de viviendas vacías, como por ejemplo, la duración mínima de los contratos, la promoción de la vivienda de protección oficial en régimen de alquiler y la revisión de los incentivos fiscales a la compra que favorecen este régimen frente al alquiler.

Respecto a la burbuja inmobiliaria, Corredor insistió en que las dificultades por las que pasa el sector de la construcción son parte de una "normalización" y "ajuste imprescindible para evitar los excesos de los últimos años". En una entrevista radiofónica, la ministra señaló que este ajuste era "deseable, necesario y previsible", después de años en los que se han construido más de 700.000 viviendas para una demanda que sólo oscilaba entre las 400.000 y las 450.000 viviendas. Pese a reconocer que la situación se ha visto agravada por la crisis de liquidez en los mercados, trasladada hasta la construcción, la titular de Vivienda rehusó en todo momento hablar de crisis.