El Gobierno quiere acabar con las subidas automáticas vinculadas a la inflación en precios y servicios regulados tales como el transporte, la luz o el teléfono, por lo que se va a eliminar toda referencia al IPC en los contratos públicos desde el 1 de enero de 2014.

Según fuentes gubernamentales, ya no habrá subidas por sistema en los servicios y precios públicos, y los incrementos tendrán que estar justificados en los costes por parte del gestor del servicio o la empresa, sin que tengan un límite determinado.

Con este objetivo el Gobierno aprobará en un próximo consejo de ministros, que podría ser el del 27 de septiembre, el proyecto de Ley de Desindexación, que supondrá la derogación de todas las referencias en las leyes estatales, autonómicas y locales a subidas vinculadas al Indice de Precios al Consumo (IPC).

Esto afectará a precios públicos como la energía, los puertos, las aguas, tasas, sanciones, contratos público de alquiler, así como al transporte o al teléfono fijo. Todos estos servicios y precios están algo por debajo del 10% de la cesta de la compra.

Quedan excluidos de la norma pensiones, impuestos, instrumentos financieros (como el bono ligado a la inflación) y la negociación salarial colectiva de los funcionarios, que también se han ido desligando del IPC a través de acuerdos y reformas en marcha, tal y como aconseja Bruselas.

Siempre según el último borrador que manejan los ministerios, perfilado al 90%, se establece además una fórmula para la desindexación en contratos públicos o entre los agentes privados que consideren oportuno este método para sustituir al IPC.

La idea es que la cultura de moderación de precios tenga un efecto arrastre en el sector privado, según las fuentes, y pueda utilizarse como referencia también en la subida de los contratos de alquiler. La fórmula será calculada (con una frecuencia aún por determinar) con el diferencial del IPC español con el de la zona euro, corregido con la pérdida de competitividad desde la entrada en el euro.

Su techo será del 2% (tope establecido por el Banco Central Europeo para la estabilidad de precios) y su suelo del 0%.

De aplicarse en 2014, la fórmula daría como resultado el 0,5%, ya que el diferencial entre el IPC español y el europeo podría acabar en tres décimas, según las fuentes. Sería la mitad de cómo acabará el IPC (1%), de acuerdo a los cálculos oficiales.

La filosofía que subyace en esta ley, que ya se anunció como parte del Programa Nacional de Reformas que se remitió a Bruselas el pasado abril, es eliminar los efectos perjudiciales derivados de la vinculación automática del IPC en la formación de precios.

Su inspiración es el acuerdo entre patronal y sindicatos para desligar los salarios del IPC entre 2012 y 2014, y también se adopta en el contexto de la propuesta de desindexación de las pensiones. Hasta ahora el año nuevo comenzaba con la publicación en el BOE de subidas de precios en productos y servicios básicos, como la luz o los transportes, en la mayoría de los casos con el IPC como una de las variables a tener en cuenta, aunque los incrementos normalmente han estado por encima.