La subasta entre comercializadoras de último recurso se ha cerrado con una subida del 7,6% en el precio base de la electricidad para el cuarto trimestre, lo que, trasladado a la factura del consumidor, implica una subida del 3,1%, indicaron fuentes del sector. Estas subastas sirven para fijar el coste de la energía dentro de la TUR y tienen un peso algo inferior al 50% sobre la tarifa final. La otra parte del recibo la determina el Gobierno y recoge los costes regulados del sistema eléctrico, conocidos como peajes. En esta ocasión, el Ejecutivo ha decidido congelarlos.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha admitido que el anuncio de la subida de la luz en un 3,1% "no es una buena noticia", pero ha asegurado que una intervención del Gobierno para mitigar este impacto hubiera sido "pan para hoy y hambre para mañana". Soria se ha referido así a la situación creada tras la subasta de energía, que se ha traducido en un encarecimiento de la electricidad, con una subida de la tarifa de la luz del 3,1% a partir del próximo 1 de octubre y durante todo el cuarto trimestre.

El ministro ha recordado que hace años que el precio de la luz se rige "en un mercado libre" y ha apuntado que, cuando anteriores gobiernos intervenían para bajar el precio, se hacía de manera "artificial". En este punto, ha subrayado que una intervención del Gobierno en ese sentido acaba provocando mayor déficit tarifario, lo que, a su juicio, no es más que "pan para hoy y hambre para mañana". José Manuel Soria se ha mostrado seguro de que la subida de la tarifa eléctrica "no será bien recibida" ya que "no es una buena noticia", pero "así es como está establecido".

El precio del componente energético, que supone algo menos de la mitad del total de la tarifa, se ha incrementado en un 7,5% en la puja, por lo que la subida final del precio de la luz quedará limitada a un 3,1% ya que el Gobierno mantendrá congelada la parte regulada del recibo. El importe de la tarifa eléctrica de último recurso -la única que fija el Gobierno y a la que están acogidos casi veinte millones de hogares y pymes- se fija cada tres meses a partir de tres componentes: el precio de la energía, los peajes que determina el Gobierno y los impuestos.

El Gobierno ya incrementó los peajes -con los que se retribuyen las actividades reguladas, como el transporte, la distribución, las primas a las renovables o los pagos por capacidad- en un 8% en agosto como parte de la reforma energética, lo que repercutió en una subida de la luz extraordinaria del 1,2%. Anteriormente, la tarifa se había encarecido en un 3% en enero, bajado en un 6,6% en abril y vuelto a repuntar en un 1,2% en julio.

Una subida "desproporcionada"

Facua-Consumidores en Acción ve "desproporcionada" la nueva subida de la luz y reclama al Gobierno "capacidad real de intervención" y la eliminación de las subastas eléctricas, a las que la asociación califica de "subastas trampa" y cuyos resultados "no son fiables". El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, consideró que la nueva subida supondrá "otro incremento desproporcionado, que se suma a las distintas subidas del último año". "El problema es que la regulación provoca que suba la luz, y la sensación es que el Gobierno también quiere que suba" y que aumenten "los márgenes de negocio de las eléctricas", señaló.

La asociación considera que, al no modificar el mecanismo de asignación de precios en el mercado, "la política que desarrolla el Gobierno es que continúe subiendo la luz, usándose como vía la subasta". "La reforma del sector elécrico que anunció a bombo y platillo el Gobierno es simplemente una batería de cesiones a las grandes empresas energéticas. Uno de los elementos fundamentales de la reforma debería haber sido el sistema de fijación de precios, que debería sustituirse por otro procedimiento", añadió.