LOS ciudadanos estamos defraudados e indignados ante la falta de capacidad de consenso, de responsabilidad política y de sentido de estado de nuestros políticos. Tras las últimas elecciones el mandato de los ciudadanos ha sido contundente: queremos que el cambio y la regeneración de España sea acometida en consenso por todas las fuerzas políticas constitucionalistas, de izquierda y de derecha. Esto es así porque ni a la izquierda ni a la derecha se le han dado los votos suficientes para asumir en solitario esta responsabilidad, y también porque la envergadura del reto y las reformas son de tal magnitud que, para que sean viables y duraderas en el tiempo, es necesario un gran pacto de Estado. Necesitamos un gobierno fuerte, estable y de amplio espectro político. La encrucijada de crisis económica, social y política de España así lo requiere. Sin embargo asistimos a un panorama desolador, en el que los intereses personales y partidistas se anteponen a los del país. Hasta tal punto que los partidos no son capaces de conformar un Gobierno ni estable, ni inestable.

Los ciudadanos contemplamos preocupados el probable escenario de unas nuevas elecciones, lo cual dejará a España sin Gobierno hasta el mes de septiembre. Y lo más preocupante, tememos que esta espera, que conllevará un alto precio en términos de menor crecimiento y empleo, al final dé como fruto un Gobierno débil e inestable, incapaz de hacer frente a los grandes retos de España. ¿Acaso son conscientes nuestros políticos, los mismos que proclaman la necesidad de la recuperación del bienestar social perdido, del alto precio que tendrá para los ciudadanos, en términos de crecimiento, empleo y bienestar, tanto el retraso de las elecciones como, y sobre todo, el posible fiasco final de un gobierno débil e inestable que nos conduzca a una nueva recesión? Es lo que está ocurriendo en Grecia y amenazando a Portugal. No estoy hablando de quimeras o profecías tendentes a sembrar el miedo, son realidades con un alto grado de probabilidad.

Es cierto que la economía española ha estado creciendo en 2015 a tasas superiores al 3%, impulsada por el gran dinamismo del consumo de las familias, de la inversión de los empresarios y de las exportaciones, en un contexto internacional favorable, con la ayuda de la depreciación del euro, el bajo precio del petróleo, el impulso de la política monetaria expansiva del BCE y el impacto favorable las reformas realizadas. La inercia de este crecimiento continua, pero debilitándose, sobre todo a partir del resultado de las elecciones del 20D. La incertidumbre política empieza a dejar su huella en el crecimiento y la creación de empleo. Así lo confirman los indicadores adelantados. En la confianza del consumidor se ha reducido en 3,9 puntos, el índice de confianza industrial ha descendido hasta el -2%, el consumo aparente de cemento hasta el -1,1% y el de energía eléctrica hasta el 2,2%. La incertidumbre política y la falta de confianza están desanimando el consumo de las familias y la inversión de los empresarios. La compra de viviendas, la actividad contractual, la inversión en infraestructuras, la compra de bienes de equipo y la inversión directa extranjera se están desacelerando. Las operaciones corporativas han descendido en los últimos meses el 84%. EL sector servicios, la industria y la construcción están perdiendo dinamismo. Según los últimos datos del INE la creación de empleo y la reducción del paro también se están desacelerando.

La responsabilidad social de nuestros políticos debiera de tener en cuenta el precio que podemos pagar los ciudadanos si las elecciones se retrasan. Según estimaciones del servicio de estudios del BBVA, un retraso de las elecciones hasta el mes de septiembre podría reducir a la mitad el crecimiento del PIB en los dos próximos años y reducir la creación de empleo en el 50%. Lo cual supone 15.000 millones de euros menos y 200.000 puestos de trabajo anuales que se van a dejar de crear. ¿Están dispuestos nuestros políticos a que, por su irresponsabilidad, paguemos los ciudadanos tan alto precio?

Teniendo tan elevado precio el retraso de las elecciones, todavía será mayor si el resultado de estas fuera un Gobierno inestable, escorado a la izquierda o a la derecha. Sólo un gran pacto de Estado y una gran coalición de gobierno de los partidos constitucionalistas, de derecha e izquierda, serán capaces de acometer las reformas de la Constitución, de la Educación, de la Administración o de la Justicia para que estas sean perdurables en el tiempo. La gran coalición no es un mal menor, es la única solución válida y la mejor opción. Es la única alternativa que nos permitirá seguir contando con la confianza de quienes financian nuestra economía y a su vez de nuestros socios europeos. No podemos olvidar que España sigue teniendo una deuda externa de un billón de euros, que nos la tendrán que refinanciar los mercados financieros durante muchos años. No podemos perder su confianza. Es nuestro principal punto débil. Tampoco podemos olvidar que la Comisión Europea está esperando a que el nuevo Gobierno presente un nuevo Plan de Estabilidad Financiera que garantice la corrección de la desviación de más de 10.000 millones de euros en el déficit público de 2015, así como el cumplimiento de los objetivos de consolidación para los dos próximos años. Pediremos más tiempo para cumplir con estos objetivos, pero sólo se nos dará a cambio de reformas estructurales. Necesitamos tiempo y ayuda para reducir paulatinamente la deuda pública y privada, al mismo tiempo deberemos aumentar nuestro crecimiento potencial y nuestra productividad, acometiendo las reformas estructurales pendientes.

Probablemente tendremos que pedir un calendario más amplio para cumplir con los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública a cambio de comprometernos seriamente a llevar a cabo las reformas pendientes que nos reclama Bruselas: mejora de la reforma laboral y de las políticas activas y pasivas de empleo, liberalización de los servicios profesionales, eliminación de las trabas al crecimiento de las empresas, reforma fiscal que amplíe las bases imponibles y elimine las excepciones, lucha contra el fraude y la corrupción, aplicación de la Ley de Mercado, reforma del sistema de investigación e innovación y sobre todo reforma de la Educación. Reducir la deuda, pública y privada, sí al mismo tiempo no acometemos reformas que mejoren nuestro potencial de crecimiento y nuestra competitividad será una tarea imposible. Si a todo lo dicho añadimos que el nuevo Gobierno tendrá que velar por el mantenimiento de la unidad de España y que probablemente tendrá que enfrentarse a una reforma de la Constitución, podemos concluir que tan gigante tarea sólo puede acometerse desde el consenso de una gran coalición de los dos grandes partidos y del resto de los partidos constitucionalistas que se quisieran sumar. Este gran reto ya lo asumimos y lo superamos con los Pactos de la Moncloa en la Transición, con menos experiencia y cultura de consenso que la que tienen los actuales partidos de la democracia, pero quizás con más generosidad, responsabilidad y sentido de Estado.