La aprobación del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 el pasado 11 de noviembre no ha sentado nada bien en el seno del sector eléctrico español. El penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, en plena campaña electoral y en los estertores de la legislatura, no parece el marco más estable para acordar la estrategia energética de España en la próxima década. Si las formas no fueron las adecuadas, más críticas ha suscitado el contenido, especialmente por su fuerte apuesta por el desarrollo de la energía solar de concentración o termosolar.

El objetivo del PER es la llamada estrategia 20-20 de la Comisión Europea, que consiste en que en el año 2020, al menos el 20% del consumo final bruto de energía proceda de fuentes renovables, cuya contribución actual asciende al 13,2%. Para el sector eléctrico, supondrá incrementar la potencia instalada renovable en 24.547 megavatios (MW), un 62% más que en 2010. Según el Ministerio de Industria, el coste asociado al PER asciende a 24.700 millones de euros, frente a un "beneficio directo y cuantificable de 29.000 millones". Sin embargo, parte de la base de un incremento de la demanda del 2,4% anual. Dada la íntima correlación entre crecimiento económico y aumento del consumo eléctrico, esta cifra es a día de hoy totalmente utópica.

El PER reserva para la termosolar 4.100 MW extra a desarrollar en la próxima década, lo que supondrá multiplicar por ocho la potencia instalada en 2010. El problema radica en que la mayor parte de la nueva potencia instalada -2.525 MW-, entrará de golpe en el sistema antes de 2013, debido al boom que vivió el sector al abrigo del anterior PER, vigente hasta 2010. De hecho, España ya es líder mundial en esta tecnología, con 902 MW en servicio y otros 1.300 en construcción avanzada.

La cuestión es si la débil economía española puede resistir el peso de este liderazgo. Desde Unesa, la patronal del sector eléctrico, se insiste en que "con la energía termosolar se está produciendo un descontrol similar al que se produjo con la fotovoltaica". La organización estima que si se concluyen las plantas previstas hasta 2013, el sistema tendrá que asumir un coste adicional en primas de 2.000 millones de euros anuales. Este sobrecoste tendría que ser asumido directamente por el consumidor a través de su factura, o aplazarlo a través de incrementar el ya desbocado déficit de tarifa.

La energía solar fotovoltaica y la termosolar abarcan el 17% de los costes de generación eléctrica pese a que sólo cubren el 3% de la demanda. Además, Unesa destaca que la termosolar es la tecnología más cara -290 euros megavatios/hora frente a un precio de mercado en torno a los 50 euros-. A esto se añade el doble juego de las promotoras españolas del sector, que se conforman en EEUU con unas primas muy inferiores a las que exigen en España.

Para la patronal y las principales compañías eléctricas, la solución pasa por una moratoria de la energía termosolar y retrasar la conexión tanto de las nuevas plantas en construcción como de las previstas en el futuro, a la parte final del periodo 2012-2020. La pelota, como tantas otras, está en el tejado del nuevo Gobierno.