El Congreso ha convalidado con el voto del PP, UPyD y UPN el decreto que permite la suspensión de desahucios durante dos años, una norma a la que podrán acogerse un máximo de 120.000 familias y que ha sido criticada por toda la oposición por fijar unos criterios muy restrictivos para beneficiarse de ella.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido en el debate parlamentario que ese colectivo potencial es una cifra "nada despreciable", así como la decisión del Ejecutivo de adoptar medidas urgentes para familias "vulnerables" mientras se negocian cambios legales de mayor alcance con el resto de partidos políticos. No obstante, avanzó que el número final de hogares que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, muy lejos de las 600.000 anunciadas por el ministro hace unos días, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota.

Para beneficiarse de la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables (por ejemplo, ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia).

Además, el titular de Economía ha anunciado que el nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV) ya tiene en cartera 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras y dio nuevos datos sobre la evolución del código de buenas prácticas de la banca. Hasta septiembre se han presentado 722 solicitudes, de las que 604 han sido resueltas. Entre estas últimas, 127 concluyeron con una reestructuración de la deuda y 34 con la dación en pago y extinción de la deuda. En palabras de Guindos, estos datos suponen un "notable incremento" sobre los de finales de junio, cuando sólo se habían registrado ocho casos de dación en pago y 44 reestructuraciones de deuda. Guindos no desveló qué entidades han contribuido al FSV, pero se mostró convencido de que la mayoría lo suscribirán. El Fondo es de adhesión voluntaria, pero una vez firmado hay que cumplir las obligaciones que de él se deriven.

El decreto de paralización de desahucios ha recibido el voto favorable del PP, UPN y UPyD y, con excepción del Grupo Popular, ha suscitado las críticas de todos los grupos parlamentarios, que han coincidido en que es restrictivo y excluye a muchos colectivos necesitados. No obstante, su tramitación como proyecto de ley, en la que pueden incorporarse medidas de los distintos partidos políticos, ha tenido un amplio respaldo, con 332 votos a favor y uno en contra.

La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha dicho que el afán de restringir el número de beneficiaros ha dejado la norma "sin contenido" y ha asegurado que el problema de los desahucios no es "de marginalidad, sino de la clase media trabajadora de este país". Desde Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha criticado la "insensibilidad social e inutilidad política" del decreto y ha afirmado que los criterios para beneficiarse de la suspensión de un desahucio los ha redactado la patronal del sector bancario. El diputado de UPyD Carlos Martínez también lo considera "insuficiente", pero en la decisión de voto de la formación ha pesado más su convencimiento de que es necesario apoyar cualquier medida para solucionar el problema hipotecario. Pedro Azpiazu (PNV) ha criticado las prácticas de las entidades de crédito a la hora de conceder préstamos, mientras que Lourdes Ciuró, de CiU, ha pedido que la futura tramitación del proyecto de ley introduzca la figura de un mediador que haga "trajes a medida" de cada situación de deudores.

Al igual que el miércoles hizo el presidente, Mariano Rajoy, Guindos ha dado alguna de las claves de esa futura negociación y ha señalado que los eventuales cambios legales no deben alterar el funcionamiento del sistema hipotecario. El titular de Economía mostró disposición a abordar la regulación de la actividad de las tasadoras, los intereses de demora o la regulación de hipotecas complejas, como las denominadas en monedas distintas del euro, pero alertó sobre el riesgo de hacer cambios legislativos que cierren el crédito para la vivienda a las familias. "Hay que pensar en las consecuencias, porque en economía el camino al infierno está lleno de buenas intenciones", dijo.

Por otro lado, el ministro apostó por mejorar las estadísticas existentes sobre desahucios para contar con más información para delimitar el problema y actuar mejor. A modo de ejemplo, De Guindos recordó que dentro de la categoría de lanzamientos, de los datos del poder judicial también se incluyen locales y otros inmuebles que no son estrictamente viviendas y señaló que, según los datos del Banco de España, a lo largo de 2012 se producirán en España unas 16.000 ejecuciones hipotecarias, de las que el 83% son de viviendas vacías.