Transformar el mundo. Ese es el lema que la Comunidad Internacional, en el marco de las Naciones Unidas, ha adoptado para mostrar a las claras el ambicioso reto al que se enfrentan todos los países para el desarrollo de la Agenda 2030, que está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Los fines: erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos y lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece.La utilización de “energía asequible y no contaminante” y la potenciación de la sostenibilidad de las ciudades son dos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados que, en España, se traducirán en un crecimiento imparable de la generación de energías renovables y de los vehículos eléctricos, que deberán ser los dueños del asfalto en poco menos de 20 años. En otras palabras, la consecución de los objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea hacen necesarias, entre otros, la descarbonización de la generación eléctrica y de la movilidad, una transición que plantea especiales retos en las redes eléctricas, que van a tener que gestionar una nueva e importante capacidad energética procedente de las renovables (el objetivo para el año 2030 es alcanzar un 32% de penetración renovable, para lo que será necesario instalar entre 45 y 55 GW de energía ‘verde’), pero también tendrán que permitir la recarga inteligente de millones de vehículos.
Subestación eléctrica.
Para afrontar todos estos retos serán necesarios 30.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar y digitalizar la red eléctrica, lo que supone triplicar la inversión actual, según el estudio “La contribución de las redes eléctricas a la descarbonización de la generación eléctrica y la movilidad”, en el que la firma Deloitte ha trabajado con los operadores de redes eléctricas, en el que se defiende la necesidad de trabajar sobre cuatro ejes que faciliten la transición: definir una planificación integral que coordine el despliegue renovable e infraestructura de recarga en zonas prioritarias, adaptar el marco regulatorio para evitar el bloqueo de capacidad de generación renovable en la red que finalmente no se desarrolla, avanzar en el desarrollo de la legislación que define el autoconsumo o facilitar las inversiones en nueva infraestructura de recarga por parte de los operadores de redes. Además, según Deloitte es necesario adaptar el marco tarifario para adecuarlo a los nuevos usos de la transición energética y, por último, incentivar las inversiones en modernización y digitalización. Las inversiones en la red eléctrica irían destinadas, asegura la firma, a nuevos sensores avanzados que permitan la monitorización en remoto de tensión, flujos, generación o frecuencia; la digitalización de equipos como subestaciones y centros de transformación para automatizar la gestión de las redes y la generación intermitente; el desarrollo de algoritmos avanzados para la predicción meteorológica o el mantenimiento predictivo e infraestructuras de comunicaciones, como la fibra óptica, para la gestión eficiente y remota de los recursos.
La irrupción del autoconsumo
El desarrollo del Decreto-Ley 15/2018, que eliminó el llamado ‘impuesto al sol’, abre las puertas de par en par a la generación eléctrica para el autoconsumo, pero también a un importante debate acerca de qué hacer con la energía sobrante. Según los cálculos de Deloitte, en 2030 se habrán multiplicado por 1.000 las instalaciones de autoconsumo, esto es, se pasará del millar de instalaciones actuales a más de un millón, lo que requerirá adaptar la red eléctrica para garantizar la seguridad de suministro. Además, el autoconsumo podría dar lugar a flujos bidireccionales que implicarían nuevos requerimientos para la red (implantación de nuevos sistemas de protección, reguladores de tensión, capacidad de control…), además de sistemas de nuevos sistemas de monitorización y de predicción.
Integrar los vehículos eléctricos
La llegada de los vehículos eléctricos requerirá atender otros retos especialmente en la infraestructura necesaria para la recarga. En el caso de la recarga privada (en edificios residenciales o centros de trabajo), Deloitte señala en su informe, por ejemplo, la necesidad de facilitar las inversiones en nuevas acometidas y en la adaptación de las instalaciones eléctricas ya existentes. Además, según el estudio se debe incentivar la recarga inteligente “como mecanismo para reducir las necesidades de inversión” y será necesaria la colaboración de los ayuntamientos para asegurar ubicaciones atractivas para los usuarios y con acceso a la red eléctrica.
