Las asociaciones empresariales de la gran distribución, supermercados y centros comerciales pidieron ayer al Gobierno que fije un calendario único de aperturas en toda España que incluya los 16 domingos más comerciales del año porque la liberalización de horarios aprobada hasta ahora es "insuficiente".

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó permitir a los comercios realizar rebajas todo el año, elevó de 8 a diez los festivos y domingos al año que pueden abrir las tiendas y liberalizó los horarios en las zonas de mayor afluencia turística en varias ciudades, entre otras medidas.

En concreto, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (AECC) reclaman al Ejecutivo un calendario único de aperturas en toda España que incluya los primeros domingos de cada mes, todos los de la campaña de Navidad y los dos primeros domingos de rebajas.

Según estas asociaciones, estas medidas permitirían reactivar el consumo y compensar el efecto negativo que en él tendrán los ajustes aprobados para controlar el déficit público, como por ejemplo la subida del IVA. "Entendemos que estas medidas, que vienen dictadas por Bruselas, el Gobierno tiene escaso margen de maniobra", señaló el presidente de Anged, quien ha opinado que el Ejecutivo si puede adoptar iniciativas para dinamizar la economía y reactivar el consumo sin subir el gasto público.

Sin embargo, la propuesta de las grandes superficies fue rechazada tajantemente por el pequeño comercio. Para el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo, la medida no favorecería la demanda, sino que está "dirigida a desviar el consumo de un formato comercial a otro".

Por su parte, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, calificó ayer de "agresión" al Estatuto de Andalucía el decreto del Gobierno central destinado a liberar el horario comercial, y ha recalcado que la Junta ultima los detalles legales para presentar un recurso de inconstitucionalidad. La Junta considera que este decreto "invade" las competencias autonómicas y representa un "ataque frontal" al sistema andaluz vigente en la actualidad.