Los expertos dudan de la eficacia e incluso de la legalidad de algunas de las disposiciones incluidas en el anteproyecto de la reforma fiscal aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Una de las medidas más polémicas es la tributación de las indemnizaciones por despido con carácter retroactivo. La reforma fiscal contempla un mínimo exento de hasta 2.000 euros por año trabajado. A partir de ahí, establece una tributación progresiva en función de la cuantía de dicha indemnización. Además, se estipula que el nuevo gravamen entre en vigor el 20 de junio de 2014, cuando el Consejo de Ministros conoció el anteproyecto de ley y no el 1 de enero de 2015 cuando entrará en vigor la reforma. Su carácter retroactivo es una de las cuestiones que más interrogantes legales suscita.

"Creo que es una baza para negociar la reforma fiscal con los agentes sociales. La tributación del despido es una medida conflictiva con escaso poder recaudatorio", indicó ayer José Miguel Amuedo, responsable del Área Legal y Fiscal del Instituto Internacional San Telmo, quien expresó su extrañeza por el hecho de que el anteproyecto ya fije una fecha por la que las indemnizaciones estén sujetos a tributación.

En su opinión, el texto final que aprueben las Cortes será muy diferente del que presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "El Gobierno ha recurrido a lo fácil y no ha resuelto los problemas de desigualdades entre comunidades para que un ciudadano de Andalucía pague lo mismo que otro de Madrid o Castilla-La Mancha", afirmó Amuedo, quien criticó que también se soslaye la rebaja de cotizaciones. "Es difícil alejarse más de las recomendaciones del Informe Lagares", insistió el experto del Instituto Internacional San Telmo, en referencia a la propuesta de reforma fiscal elaborada a petición del Gobierno por un comité de expertos presidido por Manuel Lagares.

Diego Martínez, profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y experto en fiscalidad, coincidió en que la tributación de la indemnización por despido "aunque justificada desde un punto de vista de la equidad, se ha convertido en un señuelo y tendrá un impacto mínimo". "La reforma es una oportunidad perdida para una revisión en profundidad de la fiscalidad", sostuvo el profesor de la UPO, que lamentó que no se hayan tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea o el Banco de España de reducir las cotizaciones sociales para incentivar el empleo.

"Esto no es una reforma sino meros retoques de tipos de gravamen", afirmó Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía y miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly. Ferraro subrayó el electoralismo del anteproyecto presentado por el Ejecutivo y abundó en que la propuesta incumple el principio de suficiencia pese al elevado déficit público que arrastra España. "Además, beneficia a los más ricos mientras que el peso de la recaudación sigue cayendo sobre las capas medias", insistió.

Por su parte, el ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo considera que podría ser inconstitucional la pretensión del Gobierno de que las indemnizaciones por despido empiecen a tributar a partir del 20 de junio. En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Ruiz-Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001 durante los gobiernos de José María Aznar y coincidiendo con los años en los que el PP aprobó su anterior rebaja del IRPF, advirtió que una ley entra en vigor cuando es aprobada y publicada, y no cuando "se lee en el Consejo de Ministros". La aplicación retroactiva, señaló Ruiz-Jarabo, va contra la reserva de ley y la seguridad jurídica y, a su juicio, es fácil que un tribunal la rechace.