Las entidades financieras que participen en procesos de fusión ya no tendrán el compromiso explícito de conceder más crédito a familias y pymes, sino simplemente un "objetivo cuantificado" de que tratarán de hacerlo en los próximos tres años. Así se recoge en el real decreto ley de saneamiento del sector financiero publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que las entidades que se embarcaran en procesos de integración dispondrían de un año más, hasta 2013, para sanear su exposición al ladrillo. Esta prórroga estaba sujeta a una serie de condiciones, como que las entidades tendrían el "compromiso" de incrementar el crédito a familias y pymes, y de hecho, así se recogía en uno de los últimos borradores que manejaba Economía. Pero ese compromiso ha quedado reducido a la fijación de unos objetivos para los próximos tres años, tiempo en el que las entidades que se fusionen tendrán que desarrollar un plan de desinversión de activos inmobiliarios.

Las entidades que decidan fusionarse tendrán que contar con la luz verde de sus respectivas juntas de accionistas o asambleas generales antes del 30 de septiembre de este año, puesto que la integración deberá culminarse antes del próximo 1 de enero de 2013.