Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Comunitat Valenciana a 73 personas por su implicación en un fraude a la seguridad social valorado en 4,6 millones de euros, han informado fuentes del Ministerio del Interior.

Entre los detenidos figuran cuatro empresarios, acusados de un fraude de 4 millones de euros, además de falsedad documental e insolvencia punible.

Otras 69 personas, supuestos trabajadores de esas empresas, han sido arrestadas por una estafa al INEM de 600.000 euros y falsedad documental.

Los empresarios les ofrecían darles de alta en la Seguridad Social como trabajadores de sus mercantiles, sin que realizaran actividad laboral alguna en las mismas y solicitando así prestaciones y/o subsidios por desempleo.

La operación policial ha sido realizada en la Comunidad Valenciana por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

Los cuatro titulares o administradores de las empresas han sido detenidos en la provincia de Valencia y han pasado ya a disposición judicial, según las mismas fuentes.

En Valencia se han detenido también a 59 supuestos empleados, otros 7 en Castellón, 2 en Alicante y 1 en Madrid, todos ellos en libertad con cargos tras prestar declaración.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la Tesorería General de la Seguridad Social detectó la falta de cotización de las empresas implicadas, a pesar de que éstas mantenían trabajadores en alta.

El "modus operandi" consistía en constituir sociedades que, pese a no desarrollar una actividad laboral real, eran inscritas en la Seguridad Social, haciendo figurar como socios constituyentes a personas que no ejercían actividades de dirección de las mismas y que no eran sino meros testaferros, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los titulares y dificultar la acción recaudatoria de la Tesorería.

Su objetivo era dar de alta en la Seguridad Social a personas que no trabajaban en las mismas de dos formas diferentes. Por un lado eran dados de alta individuos dedicados a la actividad de venta ambulante en ferias y mercadillos, con objeto de que les fueran facilitados por los Ayuntamientos la licencia correspondiente, ya que precisaban acreditar estar dados de alta en la Seguridad Social.

Para ello uno de los empresarios detenidos J.J.S., alias "Requena", visitaba los mercadillos y ofertaba a los vendedores ambulantes el ser dados de alta en estas empresas, a cambio de una cantidad de dinero en concepto de cuota inicial de 150 euros y pagos mensuales sucesivos para el supuesto ingreso de las cuotas en la Seguridad Social, que en ningún caso se llevaban cabo.

Por otro, también eran dadas de alta como trabajadores de estas empresas personas que realizaban su actividad laboral en otras mercantiles, con lo que eludían de este modo el pago de los seguros sociales de estos trabajadores.

En ambos casos se facilitaban a los trabajadores, a medida que acumulaban los periodos de carencia establecidos para la obtención de prestaciones, la documentación necesaria que posteriormente era presentada en el INEM, para solicitar prestaciones y subsidios por desempleo.