Análisis: Fernando Faces

El desafío del próximo gobierno

  • El reto radica en mejorar la capacidad de generación de empleo y reducir la precariedad salarial mediante políticas estructurales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Horst Wagner / EFE

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El gran desafío del próximo Gobierno será la creación de empleo, la lucha contra la precariedad salarial y la reducción de las desigualdades. Lo tendrá que conseguir en un contexto desaceleración económica e inestabilidad política. En este objetivo están de acuerdo todos los partidos, lo que no tienen claro es como conseguirlo, sin analizar previamente cuáles son las causas profundas. La gran recesión ha dañado el potencial de crecimiento de la economía española a largo plazo. La población en edad de trabajar viene retrocediendo desde el año 2010 y la productividad total de los factores de producción (PTF) viene descendiendo desde el año 1995. En 2018, la productividad se ha vuelto a estancar con un crecimiento del 0%. El desafío radica en mejorar la capacidad de generación de empleo y reducir la precariedad salarial mediante políticas estructurales orientadas a la mejora de la productividad y el potencial de crecimiento , que deben de ser compatibles con políticas sociales orientadas a combatir las desigualdades. Ambas son necesarias. Para hacerlo más complicado estas políticas estarán sometidas a una restricción: la ineludible necesidad de reducir el endeudamiento público y el endeudamiento externo, principal vulnerabilidad de nuestra economía ante una próxima recesión.

Para aumentar el potencial de crecimiento y creación de empleo la palabra clave es la productividad, decreciente en los últimos años y estancada actualmente. Esto requiere políticas de oferta estructurales. Las políticas de demanda fiscales y monetarias han permitido acercar el crecimiento real al potencial. Esto se ha conseguido. Se ha eliminado la brecha, pero no es suficiente para reducir el paro por debajo del 14%, el segundo más alto de la Eurozona. Por otra parte, la política monetaria y fiscal están agotadas. El ciclo de expansión monetaria y los bajos tipos de interés del BCE está llegando a su fin y la política presupuestaria está condicionada y tiene como prioridad eliminar el déficit público y aproximar el actual 97% sobre el PIB de deuda pública al 60% exigido por Bruselas. Si España quiere alcanzar el objetivo de creación de empleo y reducción de las desigualdades, no le queda más remedio que centrarse en aquellas políticas estructurales que tienen por objetivo mejorar la productividad, y como consecuencia el potencial de crecimiento y creación de empleo.

Simultáneamente, en una situación de alto endeudamiento público y privado, se debe continuar con el proceso de reducción de la deuda pública y privada para no perder la confianza de los mercados exteriores, como ocurrió en 2012. Cualquier política que se arbitre tendrá que ser compatible con esta restricción. Uno de los logros de los últimos años ha sido el haber conseguido un saldo la balanza en cuenta corriente superavitario. Actualmente este proceso se está invirtiendo por el menor dinamismo de las exportaciones y del turismo. Este movimiento puede afectar especialmente a Andalucía.

¿Pero cuáles son las reformas que pueden incidir con mayor eficiencia en la mejora de la productividad? Sin duda alguna la más importante es la reforma de la administración pública. En una doble vertiente: mejorando la productividad de los recursos y optimizando la eficiencia y eficacia en la la prestación de los servicios públicos: reducción de la burocracia y complejidad de la legislación, seguridad jurídica, administración paralela, solapamiento de funciones con las autonomías, etc. Dado el gran peso de la administración pública en el PIB y en el gasto agregado nacional, difícilmente puede ser productivo y competitivo un país como España si no lo es su Administración. No obstante a pesar de su importancia hasta ahora ningún gobierno ha sido capaz el de acometer con rigor esta reforma. Es la gran asignatura pendiente. La segunda política tiene que ver con el sistema productivo, demasiado intensivo en sectores de bajo valor añadido y también con el escaso tamaño de la empresa en España. Se necesitan políticas fiscales y laborales que eliminen el miedo a crecer de las pymes, incentiven las iniciativas empresariales en la Industria y propicien la transformación digital y el uso intensivo de capital tecnológico.

La productividad también está condicionada por el funcionamiento eficiente de los mercados. La dualidad del mercado laboral y el exceso de temporalidad atenta contra la productividad de los sectores productivos. El trabajo temporal es menos productivo que el indefinido, por la menor inversión que realizan las empresas en formación y por su menor motivación. Existe un círculo causal entre productividad y precariedad. La temporalidad y precariedad salarial inducen a la baja productividad, y la baja productividad genera reducidos salarios. No se debe de derogar la reforma laboral, una de las claves de la recuperación económica, pero si perfeccionarla. Hay que continuar con la liberalización de los mercados de bienes y servicios y con la mejora de la independencia de los órganos reguladores de la competencia. En la era del conocimiento, la inversión I+D+I y en transformación digital es la piedra angular del incremento de la productividad. Son necesarias políticas que incentiven la inversión en capital tecnológico e intangibles, así como la colaboración entre sector privado y el sector público.

Una de las claves de la productividad es la calidad de las instituciones y de sus gestores. En este sentido, la regeneración y la lucha contra la corrupción son imprescindibles. Pero quizás el capital humano y la educación son las piedras angulares de la productividad a largo plazo y de la creación de empleo de calidad. Se necesita un pacto de Estado por la educación y también el apoyo decidido a la formación profesional. Uno de los enemigos de la productividad y de potencial de crecimiento son las montañas de activos improductivos inmobiliarios, públicos y privados Son necesarias políticas conducentes a la monetización y reasignación de estos recursos hacia los sectores más productivos.

La gran recesión ha puesto en cuestión la sostenibilidad del sistema de bienestar. El envejecimiento de la población, la baja natalidad, la baja productividad y la precariedad de los salarios está cuestionando la sostenibilidad de las pensiones. El pacto de Toledo debe retomar con urgencia la reforma del sistema de pensiones, financieramente insostenible. El funcionamiento del sistema de mercado en cuanto distribución de la renta y de la riqueza se ha ido deteriorando desde los años 80, creando desigualdades económicas crecientes, debilitamiento de las clases medias, conflictos sociales, fragmentación política e irrupción de populismos y nacionalismos en todo el mundo. Crecimiento sostenible y desigualdades son incompatibles, tienden a autodestruirse. Por esta razón es necesario diseñar políticas que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo, a la formación, al emprendimiento y perfeccionen la distribución entre el trabajo y capital y las políticas presupuestarias redistributivas.

El próximo gobierno se enfrenta a un gran reto económico y social. Solo un gobierno estable y responsable, en coalición o con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria, puede hacer frente a tan gran desafío.

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