El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Andalucía cerró 2015 con un déficit del 1,13% del Producto Interior Bruto (PIB) cuando la meta marcada para las comunidades autónomas era del 0,7%. Superó, por tanto, el nivel exigido por el Gobierno en casi medio punto (0,43). La parte menos mala, sin embargo, es que, si se compara su situación con la del conjunto regional, su déficit estuvo medio punto (0,53) por debajo de lo registrado por la media, del 1,66%. Fue la cuarta comunidad con menos desequilibrio en sus cuentas, con lo que se alejó de las más incumplidoras, con porcentajes superiores al 2%, como Cataluña, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón. En el otro extremo quedaron las tres únicas que cumplieron: Galicia, Canarias y País Vasco -ver gráfico adjunto-.

España también desvió al alza su objetivo de déficit el año pasado. Ni más ni menos que un punto porcentual, pues se situó en el 5,16% frente al 4,2% pactado con Bruselas. Esto supuso un desfase de 10.400 millones de euros, que el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, achacó sin paños calientes a las comunidades, motivo por el que anunció que se les impedirá elevar su gasto por encima de su crecimiento anual estimado. Aunque la Seguridad Social también cerró por encima de lo que debía (1,26% frente a 0,6%), dijo que esto se había podido compensar con la Administración central, que quedó dos décimas por debajo de su meta (2,7% frente al objetivo del 2,9%), y con los ayuntamientos, que lograron un superávit del 0,44%.

La Junta de Andalucía se encendió ayer por la acusación del Gobierno hacia las comunidades y advirtió que "peleará" con la Intervención General del Estado por su desacuerdo con la imputación "arbitraria" de algunos gastos en el déficit de la región, que le ha impedido cumplir con el objetivo del 0,7%.

En comisión parlamentaria, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, reprochó al Gobierno que le haya imputado en el déficit 200 millones que gastó en los tratamientos de la hepatitis C y otros 265 millones que tuvo que devolver y que, según ella, Hacienda se comprometió a no imputar a la comunidad. Según las cuentas del Gobierno andaluz, el déficit se habría situado en el 0,81% en 2015 y no en el 1,13% anunciado ayer por Montoro.

"Parece que el Gobierno se hace su objetivo a la carta y cuando hace las cuentas imputa partidas que iba a financiar en principio", sentenció, para añadir que "el Ejecutivo elabora las cifras a discreción sin que las comunidades tengan la capacidad de intervenir".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, respondió inmediatamente a la Junta y le pidió que "no mienta" y "deje de buscar subterfugios e intentar confundir con las reglas acordadas" en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Indicó que los gastos derivados del tratamiento de la Hepatitis C "no penalizan ni obligan a esfuerzos adicionales ni medidas especiales" para el cumplimiento del objetivo de déficit público, según lo pactado entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades, por lo que, insistió, el Gobierno andaluz "sabía que se había acordado así".

Para la titular de Hacienda, los datos de déficit ponen de manifiesto que se pide a las regiones un "ajuste cuando tienen serias dificultades para hacerlo sin afectar al Estado de bienestar", por lo que aseguró que la Junta no realizará "ajustes adicionales" en su presupuesto.

Incidió en que las cifras son "tozudos" y constatan que "más allá de los voluntarismos hay determinadas premisas que hacen imposible reducir el gasto en el ritmo que impone Bruselas", y apuntó que el próximo Gobierno de España debería pelear por una senda más flexible.

Montero acusó al Ejecutivo de "demonizar" a las comunidades autónomas por responsabilizarlas de la mayor parte de la desviación del déficit en España y reprochó a Rajoy que "se sacuda de encima las imputaciones de determinados gastos". No obstante, también celebró que el déficit de Andalucía sea inferior a la media de las regiones de España y resaltó que "ha cumplido de forma razonable a pesar de las trabas del Gobierno".

El ministro de Hacienda aclaró que "no se trata de recortar sino de que las comunidades no aumenten su gasto público sobre lo que ya están haciendo". Por tanto, las medidas que tomará el Ejecutivo contemplan aplicar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la regla de gasto, que impide que éste aumente más que el cremiento potencial de la economía (un 1,8% este año). Además, se hará público mensualmente el cumplimiento de esa regla de gasto, lo que obligará a los interventores de los gobiernos regionales a informar también mes a mes a Hacienda.