El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a dos años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1,8 millones de euros a dos hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón) y transferir parte del importe de la operación a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia y radicada en el paraíso fiscal de Belice. En una nota enviada a Efe, Álvaro y Javier Ruiz-Mateos aseguraron que recurrirán el fallo ante la Audiencia Provincial de Granada por entender que los hechos que declara la resolución "no se ajustan a la realidad" y que las pruebas practicadas han sido valoradas "de modo equivocado".

Según la sentencia, la sociedad Estofer Patrimonial, vinculada a Nueva Rumasa, vendió en 2003 un hotel en Peñíscola a la firma Hotel Tres Coronas por un precio de 8,71 millones, al tiempo que recibió por parte de la sociedad compradora del hotel el importe correspondiente al IVA de la operación (1,39 millones de euros), con el objetivo de que fuera ingresado en Hacienda. En total, la cantidad abonada a la sociedad vinculada a Nueva Rumasa ascendió a más de 10,1 millones de euros.

El magistrado indica que, una vez satisfechas las cargas fiscales que gravaban las fincas vendidas, el importe neto del beneficio obtenido por Estofer ascendía a 7,07 millones, de los que 1,39 millones debían haberse ingresado para el pago del IVA correspondiente. Sin embargo, Estofer "nunca declaró dicho beneficio al fisco, ni se presentó declaración-liquidación por dicho impuesto". Además, entre el 14 y el 28 de febrero de 2003 se produjo la despatrimonialización de Estofer, de forma que su patrimonio de 7,52 millones pasó a ser poco más de tres euros, al tiempo que la Agencia Tributaria tuvo que declarar incobrable el crédito derivado del impago del IVA.

El 26 de febrero se consumó la total despatrimonialización de la sociedad, mediante la transferencia de 6,47 millones de una cuenta de Cajagranada a la sociedad Ramsie Services, en una cuenta corriente en Suiza, acogida al secreto bancario y cuya entidad beneficiaria se encuentra domiciliada en Belice. Una orden de transferencia justificada como concepto de préstamo, aunque jamás se restituyó ni los intereses, ni el principal, según el texto.