Los notarios conmemoran desde el domingo en Sevilla el 150 aniversario de la Ley Orgánica del Notariado, la más veterana del país (se aprobó el 28 de mayo de 1868), de la mano de Antonio Ojeda (Escacena del Campo, 1941), ex presidente del Parlamento andaluz y voz aún con ascendente (o al menos contactos) en un partido, el PSOE, que dará lustre al escaparate del gremio con dos de sus ex más ilustres: Felipe González, ex presidente, y Juan Fernando López Aguilar, ex ministro.

-Ya sé que están de celebración, pero siglo y medio es demasiado tiempo, ¿no?

-La verdad es que sí. Sería necesaria una nueva ley de seguridad jurídica preventiva, pero es difícil de elaborar y tramitar en las Cortes. El ministro que la haga pasará a la historia; ocurrirá como con Alonso Martínez [padre del Código Civil español].

-La crisis y el transcurso de los años han desprestigiado a muchos en este país: políticos, jueces, algunos empresarios... La fama de los notarios, sin embargo, se conserva en formol.

-Se lo debemos a nuestros mayores, que supieron crear ese depósito de confianza. Esto nos llena de orgullo pero nos otorga un plus de responsabilidad: en una simple compraventa, el comprador a veces no se lleva ni una copia simple, pero tiene la seguridad de que, desde el momento en que el notario estampa su firma, ya es propietario. A la vez, y esta es la parte negativa, las notarías españolas firman al año millones de documentos, poderes testamentos, capitulaciones, préstamos, actas, sociedades, pero a veces un compañero comete algún error y ese hecho patológico parece merecer titulares de prensa.

-Prestigio y buenos sueldos. ¿Cuánto les afecta la recesión?

-He conocido muchas crisis en mis 44 años de profesión, comenzando por la guerra del Yom Kippur, y todas fueron menos intensas y más breves que ésta. A mí me dicen hace cuatro años que habría notarías en pérdidas, que el notario va a tener que poner dinero para pagar a sus empleados, y no me lo habría creído. La crisis ha afectado a nuestros dos pilares de los 10 ó 15 últimos años: el sector financiero y el inmobiliario, que significaban más trabajo. El corte ha sido radical y de la noche a la mañana. No digo que no haya habido reducciones de plantilla o de salario, pero en general estamos aguantando el chaparrón porque de nosotros dependen entre 15.000 y 18.000 empleados que el notario paga de su bolsillo y no repercuten en los Presupuestos Generales del Estado.

-Ustedes son función pública, así que nunca puede cerrarse una oficina.

-El problema es que hubo un real decreto de demarcación en 2007 [el instrumento del Gobierno para crear notarías] que proyectó demasiadas plazas justo en la antesala de la crisis. No todas se cubren ahora. Efectivamente, no podemos cerrar notarías pero, como empresario, el notario sí puede plantear el concurso de acreedores, ya hay uno o dos casos en España. Otra salida es trasladarse a otra notaría. Y otra más pedir la excedencia y esperar tiempos mejores.

-El conflicto notarios-registradores es todo un clásico.

-Es un tema que a veces se desenfoca. Un registrador amigo me decía el otro día que por qué queríamos acabar con ellos. En absoluto. La función registral es, junto con la escritura pública y el notario, la base del sistema jurídico preventivo. Lo que ocurre es que en los últimos 20 años la calificación registral ha sufrido un hiperdesarrollo y entra en materias que no son de su competencia. Esa desmesura provoca fricciones entre los dos cuerpos porque la calificación se extiende a extremos del documento que no tienen trascendencia real y no deben inscribirse. Con el tema de los poderes hicieron falta dos leyes para que la cuestión se calmara. El notario es quien tiene a la vista el poder de representación de quien comparece ante él. Bajo su responsabilidad tiene que calificar la suficiencia de ese poder reseñándolo en la escritura. A pesar de dos leyes, 150 resoluciones y unas 40 sentencias hace un año, se ha reverdecido ese tema por parte de los registradores, y esto nos indigna. ¿A qué obedece ese renacer? Demuestren cuándo yo he dicho algo en contra de los registradores. No lo he dicho nunca ni lo diré.

-Al fin cuentan con un convenio colectivo a escala nacional.

-Es una gran ventaja porque antes cada colegio tenía su convenio y había situaciones dispares y contradictorias. En Sevilla, por ejemplo, del 1 de junio al 1 de octubre sólo se trabajaba por las mañanas. Se uniforman asimismo los salarios en todo el Estado con una mejora importante.

-¿Cómo queda la sucesión entre notarios?

-Cuando un notario debutaba, absorbía a los empleados de su antecesor. Ahora no es así, lo cual no quiere decir que el trabajador vaya a quedar indefenso: si no los asume el recién llegado, tienen derecho a percibir la indemnización del notario anterior si hay traslado, o del siguiente si el relevado se jubila. También ha cambiado que la sucesión de empresa antes estaba asegurada por convenio y ya no.

-Del escribano de corte al notario tecnificado ha llovido mucho.

-En diez años hemos invertido entre 30 y 40 millones en tecnología. Desde 2003 tenemos firma electrónica reconocida y una intranet que une a las 3.000 notarías del país. Y hemos inventado el índice único informatizado, que nos permite estrechar la colaboración con las distintas administraciones: cada 15 días, las notarías remiten a su consejo un índice con todos los documentos autorizados. A su vez, nos llegan a nosotros, que los suministramos a ayuntamientos, comunidades y Estado. Colaboramos también con el Banco de España en la detección del blanqueo de capitales. Nosotros trabajamos aislados, cada uno en nuestro despacho, y los blanqueadores no hacen todos los documentos en la misma notaría. Sería imposible detectar sus acciones, procedentes casi siempre del tráfico de drogas y el terrorismo, sin la ayuda de la tecnología. Aunque el notario es profesional del derecho y funcionario, el aspecto función pública se ha acentuado con estas colaboraciones.