El recuento oficial comienza hoy. Empresas particulares, organizaciones de productores y particulares comenzarán a rellenar un formulario consensuado entre Gobierno y sector en el que consignarán las pérdidas por la crisis del pepino. Esta operación estará supervisada por la Administración, y en el caso andaluz será el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) el encargado de las tramitaciones.

El proceso se pone en marcha con muchas incertidumbres sobre las compensaciones, y con la vista puesta en el consejo de ministros de Agricultura de la UE del 17 de junio. El Gobierno pretende que sea Bruselas la que resarza las cuantiosas pérdidas. Y el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha respondido que sí, pero dentro de la legalidad vigente.

El problema es que la normativa actual no prevé mecanismos compensatorios para una crisis de esta dimensión. La Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y hortalizas, que data de 1996, contempla para situaciones de crisis la retirada financiada de parte de la producción, para reducir la oferta y subir precios. Si esto se aplica a esta situación, los productores recibirían un precio irrisorio por el producto retirado, de tres céntimos por kilo, según afirma Francisco Vargas, de Asaja Almería. Tampoco serviría para subir precios, pues "la retirada se produciría en unos mercados que ahora están cerrados", afirma Antonio Caro, técnico de Asaja-Sevilla y miembro del Comité Consultivo de Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

Y, además, los fondos para la retirada sólo estarían en disposición de las organizaciones de productores (OPA) y no de operadores individuales. Según los datos de Antonio Caro, sólo el 35% de los productores están integrados en estas agrupaciones. Éstas tampoco tendrían una disponibilidad ilimitada de estos fondos europeos: en periodos de normalidad se emplean para, por ejemplo, mejorar los centros de manipulado o gestionar los residuos medioambientales. Con permiso de la UE, en épocas de crisis pueden ser usados para la retirada de la producción, pero sólo se puede emplear como máximo el 4% de la facturación anual de estas entidades, que pueden ser desde cooperativas a sociedades anónimas de trabajadores.

Hay un consenso general: la OCM actual es insuficiente, y las compensaciones deben ir más allá. En la batalla de las ayudas, la política, pues, va a jugar un papel fundamental, y por eso España busca la complicidad de Alemania, el país que originó la crisis. En este contexto se entiende la rebaja de la tensión con Berlín, hasta el punto de que Madrid ha aparcado las acciones judiciales para exigir indemnizaciones y le ha recomendado al sector que haga lo mismo.

Aun con el apoyo alemán, no hay garantía de nada. Como afirma José María Pozancos, director general de la federación española de productores y exportadores de frutas y hortalizas (Fepex), "la retirada y cuantificación de pérdidas que hacemos ahora es a cuenta y riesgo del agricultor; no se sabe cuánto supondrá la indemnización, si serán 20, 25 ó 30 céntimos por kilo en el caso del pepino; hay mucha incertidumbre sobre el resultado final".

Fepex, igual que todo el sector, aboga por aplicar al menos el procedimiento que marca la OCM, un pago por kilo de producto retirado, pero con un precio que se sitúe en niveles de mercado. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, alude al caso del pepino, que ha pasado de 30 céntimos el kilo antes de la crisis a un precio que oscila entre 5 y 10. ¿Se conseguirán los 30 céntimos como precio por el producto perdido en Europa? Góngora responde con un "qué más quisiéramos", resignado.

Además, la situación actual es tan compleja que el procedimiento marcado por la OCM no se adapta a la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las plantaciones sembradas que ya no sirven para la comercialización? El productor puede optar por arrancarlas con el visto bueno de un perito y hacer constar eso como pérdidas, pero Andrés Góngora recomienda ser muy prudentes porque en la situación actual no se sabe cómo va a actuar Bruselas y este tipo de ayuda sí que no está prevista ni siquiera tangencialmente. Tampoco está claro qué pasará con las pérdidas provocadas por vender muy por debajo del precio habitual de mercado, ante la caída del consumo en toda Europa. España también reivindica ante la UE que se tenga en cuenta este factor, es decir, que haya una compensación por el daño a la imagen del sector. La intención es cuantificar las pérdidas de forma periódica, hasta que se recupere el mercado. Y que la UE pague por ello.