La Comisión Europea (CE) presentó hoy su proyecto para reformar la Política Agrícola Común (PAC), en el contexto mundial actual de escasez y altos precios de los alimentos, aunque los ajustes que propone poco varían respecto a las anunciados hace meses en las ayudas a sus productores.

El Ejecutivo comunitario aprobó su proyecto legislativo para la revisión de la PAC, con el que arranca la verdadera negociación de los países de la UE sobre la política que más absorbe del presupuesto comunitario, 55.800 millones de euros, con España como segundo país receptor (6.681 millones en 2006).

Las reforma de la PAC va a estar marcada por la situación de carestía de alimentos a escala mundial y el consiguiente encarecimiento y, en este sentido, la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, aseguró que su propuesta "responde perfectamente a esos retos".

Aparte, la CE dio a conocer un conjunto de propuestas para paliar los precios alimentarios, entre las que además de la PAC incluye una mayor vigilancia a los supermercados o ayuda agrícola a los países más necesitados.

Sin embargo, la revisión de la PAC ahonda en medidas para la agricultura europea que empezaron a aplicarse en 2003, momento en que la situación del campo, de los precios agrícolas y de los mercados era muy diferente a la actual.

El documento de Bruselas plantea un incremento del recorte o "modulación" de las ayudas directas, con vistas a destinar ese dinero a las llamadas políticas de desarrollo rural -para medidas en el campo complementarias o distintas a la agricultura-.

Bruselas pretende que la rebaja llegue al 13% de la ayuda en 2013, para los que perciben primas superiores a los 5.000 euros y que sea superior para los grandes terratenientes, que obtienen subsidios de más de 100.000 euros.

En España, de los 897.170 productores que reciben ayudas solamente un 23% se vería afectado por el incremento de los recortes.

Cuando Bruselas presentó sus primeras ideas para la reforma en noviembre, estas reducciones adquirieron cierto protagonismo, pero ahora, aparte de que se han suavizado las rebajas para los terratenientes, el aspecto más preocupante es el impacto en la oferta de alimentos, como han manifestado España o Francia.

Uno de los elementos centrales de la revisión de la PAC es convertir el máximo posible de ayudas en un pago por superficie o hectárea, desligado de la cantidad cosechada o producida.

Fischer Boel argumenta que desligar las primas de la obligación de producir da más libertad al sector para responder "a las señales del mercado".

Sin embargo, los estados agrícolas como España temen que al desaparecer la condición de producir, se desincentive al sector a seguir su actividad, especialmente a los ganaderos que han sufrido más el encarecimiento de las materias primas agrícolas y de los piensos, y, en consecuencia, disminuya la oferta alimentaria.

La propia CE admite que hay que mantener un vínculo con la producción en los sectores de vacas nodrizas o en las ayudas a las ovejas.

En esta reforma, un claro ejemplo de liberalización es la propuesta de incrementar anualmente el régimen de cuotas lecheras (un 1%), como "un aterrizaje suave" para que el sector se acostumbre a la desaparición de estos cupos en 2015.

La revisión de la PAC prevé también la eliminación definitiva de una medida, que en estos momentos está interrumpida, precisamente por la situación de los precios: se trata del llamado barbecho obligatorio, por el cual el agricultor tenía que dejar sin sembrar un 10% de su superficie de cultivo.

Respecto a los biocarburantes, aunque Bruselas insiste en que en Europa influyen poco en la producción alimentaria, hoy planteó que se elimine definitivamente la ayuda al cultivo de materia prima para fabricarlos, curiosamente una medida que en algún momento Bruselas vendió como alternativa para los agricultores europeos.

Los países de la UE negociarán la reforma durante el segundo semestre y la intención es aprobarla en el mes de noviembre.

La reforma podría empezar a solaparse con los debates de la UE sobre el presupuesto general.

Asimismo, la CE presentó un conjunto de propuestas para responder a la crisis de los alimentos, entre las que figuran, según la comisaria, la idea de destinar el presupuesto sobrante de la PAC a microcréditos en los estados en desarrollo o para ayudarles a la compra de fertilizantes o semillas.